La batalla jurídica por la defensa de los derechos de los usuarios de salud en Caldas ha tomado un nuevo rumbo nacional. El Tribunal Administrativo de Caldas profirió un auto en el que ordena el traslado de la acción popular contra el Decreto 0182 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Este establece criterios técnicos y poblacionales estrictos para que una Entidad Promotora de Salud (EPS) pueda operar en determinados territorios. Así las cosas, en Caldas, los usuarios de Sanitas pasarían a Nueva EPS.

LA PATRIA conoció que esta decisión se fundamenta en que las entidades demandadas, específicamente el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República, tienen su sede principal en Bogotá.

Para Olga Piedad Cárdenas Patiño, líder de salud y promotora de esta iniciativa, el traslado representa una oportunidad para que el caso gane mayor visibilidad y contundencia en lo nacional.

Ella considera que, con este traslado, las fuerzas puedan unificarse. Lo dijo al recordar una acción popular inicial, nacida en Antioquia, que suspendió de manera transitoria lo que se quería con el decreto.

Afectación directa a la vida

El centro de la controversia es la vulneración al derecho a la libre elección, consagrado en la Ley 100 de 1993. La acción popular busca también a la suspensión de dicha norma para garantizar que los usuarios de Nueva EPS y Sanitas no sean trasladados o limitados en sus servicios.

"Esto va en contra también del derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida. La situación con Nueva EPS todos la conocemos. Sabemos que ya no hay ninguna institución que esté prestando los servicios abiertamente, sino que unas los tienen ya cerrados y otras con restricciones", recordó Cárdenas.

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La líder enfatizó que los usuarios de Sanitas, quienes en términos generales han recibido una atención estable, se ven ahora amenazados por un traslado a una EPS que no garantiza la continuidad ni la calidad del servicio.

"Cómo va a ser posible que unos usuarios de Sanitas, que están siendo atendidos bien dentro de las posibilidades, los vayan a pasar a una EPS que no les va a garantizar la continuidad ni la prestación del servicio con todos los atributos de calidad", cuestionó.

La situación se agrava, según ella, por lo que denomina un "silencio administrativo hermético" en la Nueva EPS. Según reveló, la gerencia seccional en Caldas atraviesa una parálisis operativa debido a que la titular cumple casi un año de incapacidad, mientras sigue figurando como representante legal.

"Un juzgado, cuando se va a dirigir en contra de la Nueva EPS, se dirige es en contra de ella. Y resulta que ella ni siquiera tiene la capacidad para responder, puesto que está incapacitada", afirmó Cárdenas, que cree que todo se agrava más con la reciente renuncia del interventor de la aseguradora, Luis Gálvez. No han nombrado su reemplazo.

Para la demandante de la acción popular, existe una intención política detrás del deterioro del servicio: "Es una irresponsabilidad de un Estado que no responde. Si el presidente Gustavo Petro tuviera un interés en mejorar esta situación, solamente es dar una orden: pague, haga, y ahí mismo todo vuelve a su normalidad. Quieren dejar todo en este estado para que la gente crea que se necesita una reforma a la salud".

A la par

Paralelo a la acción contra el decreto nacional, el pasado 17 de marzo se instauró -desde Manizales- una segunda acción popular en el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales.

Esta demanda, liderada por la líder Olga Piedad Cárdenas, se dirige específicamente contra el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y Nueva EPS, con el fin de proteger a los usuarios del régimen subsidiado en la capital caldense.

"A ellos les giran recursos nacionales, son recursos netos de la nación y no les están entregando medicamentos. Para ellos es mucho más complicado, no tienen cómo conseguirlos", señaló Cárdenas.

Esta acción judicial también incluye una solicitud de medida previa urgente para que se detenga el traslado arbitrario de usuarios y se garantice el acceso real a servicios básicos que hoy se encuentran restringidos en las IPS locales. Se conoció que el proceso fue trasladado al Tribunal Administrativo de Caldas para su unificación.

Foto | Cortesía | LA PATRIA

Olga Piedad Cárdenas Patiño, líder de salud.

¡Quéjese!

Manizales. Denuncie, ante la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), si tiene problemas con su EPS o entidades asociadas. Acceda a la línea gratuita 018000 513700 o ingrese al portal www.supersalud.gov.co

De los afiliados

Nueva EPS tiene, en Caldas, 387 mil 925 afiliados. En Manizales, la cuenta es de 99 mil 914. Sanitas en Caldas tiene 60 mil 956. En la capital del departamento, 58 mil 511.

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