El error involuntario que habría cometido el Consejo de Estado, al publicar los contratos que el Gobierno Nacional celebró con las farmacéuticas de AstraZeneca y Pfizer, tiene molestas a esas compañías, que le habían exigido al Ejecutivo mantener en secreto dichas transacciones, bajo un acuerdo de confidencialidad. El presidente Iván Duque asegura que está en riesgo la llegada de las dosis de vacunas contra la covid-19 comprometidas en dichos contratos con los laboratorios internacionales, y que se están haciendo todos los análisis jurídicos para superar la situación.

De hecho, también altos funcionarios se han estado reuniendo con representantes de las farmacéuticas para revisar las posibles consecuencias, aunque se prevé que no habrá mayores problemas, como tampoco los ha habido en otros países donde también quedó al descubierto esa información. Ahora bien, independientemente de lo ocurrido aquí y de las circunstancias que llevaron a su revelación, en aras de la transparencia tales contratos no deberían tener ningún tipo de reservas, que lo único que causan es una mayor desconfianza. No cabe duda de que esta es una información de interés público, y eso es lo que prima en nuestro Estado de Derecho.

Adicionalmente a esta situación, esta semana el mismo Consejo de Estado declaró improcedente una acción de tutela interpuesta por las sociedades Janssen Cilag S.A. y Janssen Pharmaceutica NV que pretendía evitar que se dieran a conocer sus contratos con Colombia. La tutela tiene relación con la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que tales negociaciones no sean ocultas. El fallo del Tribunal corresponde a un recurso de insistencia a un derecho de petición que el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA) había presentado ante el Gobierno.

Tanto empeño de las farmacéuticas para que no se sepa cuánto pagó nuestro país por las vacunas solo logra el efecto de que se especule acerca de la prioridad de esas empresas en lograr ventajas económicas en medio de una emergencia sanitaria, y para el Gobierno se le convierte en un riesgo que tales laboratorios no asuman sus compromisos en los tiempos previstos para dar cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación. Desde un comienzo lo mejor habría sido actuar con total transparencia, sin cláusulas de confidencialidad, precisamente por tratarse de un asunto sensible al que necesariamente se le iba a exigir claridades.

Esperamos, de todos modos, que se hallen los caminos jurídicos que permitan que la vacunación avance sin contratiempos, y que así se logre el objetivo de este año llegar con inoculación completa a 35,2 millones de colombianos, meta que aún está lejana. Esto es más urgente ahora que, debido al surgimiento de la variante delta, según expertos se necesitarían terceras dosis y la inmunidad de rebaño no se alcanzaría con el 70% de la población, como se había dicho, sino que habría que llegar al 90% de inoculados, como mínimo. Eso significa que se necesita conseguir más vacunas que cubran, al menos, a 45 millones de colombianos con esquemas completos.