Tres semanas tuvieron que esperar los familiares de los 11 mineros que murieron en la mina El Bosque, de Neira (Caldas), para poder recuperar sus cuerpos con la ilusión de despedirlos de una manera digna. Ante las circunstancias en que murieron, los cadáveres quedaron irreconocibles, por lo que la única forma de establecer su identidad es una tarea científica a partir de muestras de ADN de los familiares.

Es un proceso, normalmente, largo y dispendioso que afortunadamente se pudo realizar de manera rápida en este caso, para lograr ayer la plena identificación de los cuerpos. Hay que entender la urgencia de padres, hermanos, hijos y abuelos por tener pronto los cuerpos, y valorar que Medicina Legal haya acelerado el trabajo, para que las familias puedan vivir hoy ese último momento de intimidad con quienes ya no volverán a ver.

La gran urgencia ahora tiene que ver con las condiciones en que se ejerce la minería en Caldas, especialmente a orillas del río Cauca, con los cúbicos, en los cuales miles de personas exponen sus vidas cada día para arañarle su sustento a la tierra, sin ningún tipo de seguridad. Debemos recordar que además de las 11 víctimas de El Bosque están los 15 mineros muertos en El Playón (Riosucio), en el 2015, y los 49 que quedaron atrapados en el 2001 en la mina Pescadero (Filadelfia), que fue declarada campo santo, ante la imposibilidad de rescatar a todos los fallecidos.

Los 10 accidentes mineros en 15 días en minas de Caldas, que reportamos en este diario la semana pasada, hablan claramente de la necesidad imperiosa de tomar medidas para lograr una minería segura. La muerte de los hermanos Edwin Felipe, Milton Alexis y Diego Fernando Tabarquino; Jhon Edwin Gómez Mapura, Juan Bautista Bañol, Sandro Escarpeta, Samuel Tapasco, Sebastián Trejo, Joel José Briceño, Luis Esteban Londoño Serna y Henry Jiménez no puede quedar como un episodio más de muerte en los socavones. Tiene que ser el punto de partida hacia un proceso serio de formalización que evite más tragedias como esta.

Debe ser un proceso gradual, bajo parámetros viables y coherentes. Se debe partir de la realidad de que cientos de familias dependen de la minería para lograr su sustento diario en amplias zonas de Caldas, y que eso es algo que no cambiará de la noche a la mañana. Debe lograrse de manera razonable, no puede ser por medio de prohibiciones y persecución a mineros que han heredado ese oficio de generación en generación. Por el contrario, hay que acercarse a esas comunidades, entenderlas y acompañarlas para que haya una transición hacia maneras más seguras de ejercer la minería.

EL Decreto 1378 del año pasado, emitido por el Ministerio de Minas y Energía, es un primer paso en esta dirección, para que los pequeños mineros puedan desarrollar su tarea en lugares con licencia, cumpliendo con algunos requisitos. El acompañamiento técnico de la Agencia Nacional de Minería (ANM) debe ser permanente, para que haya seguridad y control ambiental. Lo primero que debe hacerse, sin embargo, es divulgar la norma y ayudar en los trámites, así como precisar los términos de capacidad económica para emprender este camino, la cual debe estar al alcance de los mineros tradicionales.