El monopolio de las armas debe ser totalmente del Estado, lo ideal sería que ningún civil esté habilitado para cargar ninguno de esos artefactos, que son los que han facilitado que el conflicto armado en Colombia tenga matices que lo hagan muy difícil de erradicar. Se dirá que las armas usadas por la delincuencia, las bandas criminales y las disidencias de las Farc no tienen salvoconducto, pero esa no puede ser justificación para que la manera de enfrentar la violencia que nos ataca desde la ilegalidad sea permitir que más ciudadanos se armen con el beneplácito estatal.
Está comprobado que eso en lugar de bajar los índices de violencia los incrementa, como lo estableció en el 2013 un estudio del American Journal of Medicine publicado en ese año por el periódico The Guardian, del Reino Unido, donde se concluye que una mayor tenencia de armas en la población hace a los países menos seguros, y no más seguros como creen algunos.
De hecho, la flexibilización del decreto va en contravía de las experiencias probadas de ciudades como Bogotá, donde la restricción al porte de armas se ha visto reflejada en una caída significativa de los homicidios y las lesiones personales. En un momento en el que la cifras confirman que en la última década los asesinatos han descendido en todo el país en forma significativa permitir que haya civiles armados, así se diga en el decreto que serán casos excepcionales, marca un retroceso en el gran empeño que debería tenerse de salvar vidas.
El presidente Iván Duque Márquez, ante la petición de un grupo de congresistas de los partidos Centro Democrático y Conservador, decidió prorrogar por un año las restricciones al porte de armas de fuego, pero dejó entreabierta una puerta delicada al plantear excepciones. Eso de establecer permisos especiales para ciudadanos que así lo requieran y cumplan requisitos no es una buena noticia, cuando los grandes desafíos ahora son controlar los focos de violencia que hay en varios puntos del país, donde en aras de una supuesta seguridad especial podría desencadenarse una mayor inseguridad para los ciudadanos desarmados.
Bajo el argumento de garantizar el derecho a la legítima defensa se pueden cometer errores y abusos que podrían ir en contravía de lo que se necesita, que es construir y consolidar la paz en el país. Eso de que el Ministerio de Defensa será el encargado de impartir a las autoridades militares "los lineamientos y/o directrices para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda", suena demasiado ambiguo.
Tampoco resulta bien visto que en la cuenta de Twitter del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, antes de que Duque revelara el nuevo decreto, se haya publicado un borrador de dicho documento, y se haya celebrado que la petición del Centro Democrático para que personas "honorables" puedan autoprotegerse fuera acogida por el Ejecutivo. No son esos los canales institucionales y permite ver que, en realidad, hay demasiado acceso del expresidente a las decisiones que se toman en la Casa de Nariño. Además, llama mucho la atención que Uribe haya publicado el pantallazo del decreto con el parágrafo que no estaba en el borrador publicado por el Ministerio de Defensa.
Ya hemos tenido experiencias amargas en el pasado que no vale la pena permitir que reaparezcan con otro ropaje y bajo el amparo estatal; no es sano que nadie, por honorable que sea, pueda tener defensa armada privada. Si hay personas muy amenazadas y en grave riesgo, el Estado debe prestar una completa protección haciendo uso de sus instituciones autorizadas para el uso de las armas.
