La condena al abogado Francisco Ricaurte Gómez, quien llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, nos llena de vergüenza, porque a esa magna posición solo deberían llegar aquellos que encarnaran realmente los valores de la justicia, la verdad y el rigor ético. El pasado martes el juez décimo de conocimiento de Bogotá emitió el sentido del fallo, frente al cual la Fiscalía pidió que el exmagistrado sea condenado a 23 años y 8 meses de prisión, además de una multa de 562 salarios mínimos. El próximo 25 de marzo se conocerá la sanción definitiva para Ricaurte Gómez.
Lo más grave de todo es que este caso es apenas la punta del iceberg que constituye lo que se ha llamado el Cartel de la Toga, en el que están involucrados muchos más expresidentes de ese alto tribunal y otros magistrados que ocupaban altas posiciones en diferentes ámbitos del aparato de justicia. Debemos recordar que ese cartel, que se puede equiparar a la más fétida mafia de corrupción y criminalidad, se lucró con enormes cantidades de dinero al vender fallos amañados al gusto del consumidor, casi siempre un político, cuando su obligación era proteger la administración de justicia. 
Lo peor del caso es que además de cobrar por fallos favorables para sus “clientes” en investigaciones penales, el jurista lograba compensaciones en puestos estratégicos en el Estado para amigos y parientes suyos, además de contratos que usufructuaba por intermedio de terceros, de acuerdo con el acervo probatorio que llevó al juez a emitir un sentido de fallo condenatorio. Conocedor de la gravedad de los delitos que cometía, se esforzaba por ocultar cualquier tipo de evidencias, muchas de las cuales finalmente fueron descubiertas.
De hecho, las acusaciones de la Fiscalía contienen los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente. Ante la perversidad que configuran sus actuaciones resulta evidente que en Colombia estos delitos deberían ser castigados con mayor severidad, puesto que un agente de la justicia use las herramientas de las que dispone en la forma en que lo hizo Ricaurte deja claro que se le hizo un mal enorme al Estado y a la credibilidad en sus instituciones.
Se espera que los demás abogados que aprovecharon sus altos cargos para enriquecerse, como el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera, el exmagistrado Leonidas Bustos, el abogado Leonardo Pinilla Gómez y otros juristas; así como los demás congresistas (como Álvaro Ashton) y gobernadores (como Alejandro José Lyons), entre otros, que fueron favorecidos por esta organización criminal terminen condenados. Es una vergüenza que nuestra justicia haya caído tan bajo; por fortuna se está demostrando que existen los mecanismos para dar escarmiento a quienes se atrevan a tanto.

Como país tenemos el desafío ético de avanzar hacia las reformas en la justicia que garanticen que este tipo de situaciones no se repitan, para lo que debe acabarse con las sillas giratorias y la insana relación de intereses entre el aparato judicial y el Legislativo, incluso con el Ejecutivo. Es fundamental que podamos garantizar la independencia de poderes y lograr que a tan altas instancias solo lleguen quienes merecen en realidad ser los jueces de la República, cuyas conductas sean intachables.