Hasta $470 mil mensuales de renta básica permanente recibirían las familias colombianas, de acuerdo con un proyecto de ley presentado el martes por 30 parlamentarios ante el Congreso de la República. El argumento es que se requiere ayudar a quienes están en situación de pobreza y vulnerabilidad y se han visto afectados gravemente por la crisis sanitaria de la covid-19. Habría una escala de ingresos, de acuerdo con el número de miembros, con una base de $320 mil si el hogar es unipersonal.
El proyecto lograría una cobertura de 30 millones de colombianos (7,46 millones de hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad) , que tendrían para su subsistencia cada mes. Se calcula que esto le costaría al Estado colombiano el 3,75% del Producto Interno Bruto (PIB), unos $37,5 billones al año. La idea es que sean fusionados los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor e Ingreso Solidario, y que además se anexen los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias que no se usaron el año pasado.
Para terminar de financiar esta propuesta el bloque parlamentario apunta a la reducción del costo del servicio de la deuda pública externa e interna, que no haya descuentos y rebajas de tarifas del IVA, del ICA y del impuesto a la renta y que se reordene y racionalice el gasto público. Vale la pena estudiar a fondo otras posibles fuentes de financiación, pensando siempre en que este paso vaya en la dirección de alcanzar una mayor equidad entre los colombianos.
Como herramienta para identificar beneficiarios se cruzarían las bases de datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en cuanto al Registro Social de Hogares, el Sisbén, el último censo nacional de población y vivienda, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Esto ayudaría a incluir hogares que hoy están por fuera, y darle un nuevo orden estructural a la política social del Estado, con estrictos criterios técnicos en la entrega de ayudas.
Es evidente que durante la actual emergencia los más golpeados han sido quienes dependen del día a día en la informalidad. Lo que se plantea se parece mucho a la idea expuesta el año pasado por el codirector del Banco de la República José Antonio Ocampo, de $500 mil mensuales para 8 millones de hogares. Iniciativas como estas son apoyadas en todo el continente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), como fórmula para evitar una bomba social, ante el ensanchamiento innegable de las brechas.
Este paso sería sano para la economía, en general, en el mediano y largo plazo, al garantizarse que esos ingresos se gasten en el mercado local y con ello mantener dinámico el aparato productivo. Ahora bien, es vital que se establezcan mecanismos claros de compensación, en el sentido de que niños y jóvenes de esos hogares ingresen al sistema educativo y otras medidas que ataquen de frente la pobreza. Sería un error, por ejemplo, que las personas dejen de trabajar y se contenten con el subsidio, por ello habría que brindar un buen acompañamiento.
