El gobierno de los Estados Unidos, por medio de su Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, reveló el jueves que los cultivos de coca aumentaron en Colombia en el 2019 hasta las 212 mil hectáreas, un incremento del 2% con respecto al 2018. Igual ocurrió con la producción de cocaína que llegó a las 951 toneladas, 72 toneladas más que un año atrás (alza del 8%). Ambas cifras son récord en el país. Tres días antes, el lunes, el presidente colombiano, Iván Duque, se reunió en Washington con su homólogo, Donald Trump, quien dijo que no hay camino distinto a la aspersión de glifosato para poder enfrentar el narcotráfico.
Debemos recordar que en la medición del año pasado se encontró un ligero descenso en las hectáreas con cultivos ilícitos, por lo que se afirmó que se entraba a una fase de estabilización después de tres años consecutivos de crecimiento de las áreas afectadas. El alza de esta vez contrasta con las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno Nacional acerca de que las metas del año pasado en erradicación fueron cumplidas con creces (se erradicaron 100 mil hectáreas), y lo ocurrido solo podría significar que han aparecido cultivos en nuevas zonas.
Así que, más que erradicar, lo que debería hacerse es tener una presencia tal del Estado en la geografía nacional que no sea posible sembrar una sola mata nueva, ya que para peor esas nuevas plantaciones implican la ampliación de la frontera agrícola y la destrucción de valiosos recursos naturales.
Todo está dado, entonces, para que regresen las aspersiones aéreas con glifosato. Las políticas de erradicación manual forzada y voluntaria han sido insuficientes; solo así puede explicarse que los cultivos se expandan a un mayor ritmo que las acciones para sustituirlos por otros legales y que ayuden a fortalecer la seguridad alimentaria, por ejemplo. Es una lástima, porque lo ideal desde puntos de vista social, de seguridad y ambiental es que los mismos campesinos que cayeron en la red del narcotráfico encuentren opciones legales y favorables para su economía familiar.
Ya el Gobierno avanzó en anunciar que las fumigaciones regresarán. La suspensión ocurrió en el 2015, luego de que el expresidente Juan Manuel Santos acogió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acerca de la amenaza cancerígena del glifosato. Luego, la Corte Constitucional condicionó su uso a que se garantice que no habrá afectaciones ambientales ni perjuicios a la salud de los pobladores. De tal manera, que si es posible garantizar que no se tengan esas consecuencias, y que haya protocolos claros que eviten un uso inadecuado del glifosato, ese compuesto regresará.
Duque afirmó en la Casa Blanca que se usarán todas las herramientas disponibles para acabar los cultivos ilícitos en el país. Tiene el compromiso con Trump de reducir los cultivos y la producción en un 50% para finales del 2023; es decir, 106 mil hectáreas de coca serían aceptables para esa fecha. Este es, sin duda, un tema al que se le debe prestar atención y en el que ojalá también se logren impactos sociales y económicos positivos, ya que no se trata solo de golpear las mafias en esta coyuntura sino de desestabilizar la estructura de su economía ilegal y quitarles capital y capacidad criminal.
Desde una perspectiva de lo que deberían ser nuestras relaciones internacionales es una lástima que hayamos regresado a poner en primer plano el narcotráfico, cuando deberíamos estar hablando de cooperación en tecnologías, ambiente, educación e intercambios culturales, por ejemplo, además de dinámicas comerciales en distintos niveles. Ojalá que muy pronto se cambien las prioridades.
