El choque de intereses entre los taxistas y plataformas digitales como Uber, Indrive, Maxim, Beat, Didi o Cabify, por ejemplo, está pasando de castaño oscuro. El bochornoso episodio protagonizado por el concejal de Manizales Julián Osorio, en el que acusó por redes sociales haciendo uso de un video a un ciudadano de estar cometiendo una ilegalidad y la posterior reacción desmedida de otros que profirieron insultos y amenazas al político del partido Centro Democrático, evidencia una tensión peligrosa que debe ser resuelta por el Estado colombiano a la mayor brevedad.
El camino que debe seguirse es el de la reglamentación del uso de las plataformas digitales, tomando en cuenta que es un despropósito tratar de ignorarlas o declararles una guerra en la que todos van a salir perdiendo. En el pasado se han hecho varios intentos en ese sentido, pero han resultado infructuosos por diversas circunstancias, entre las que que cuenta la total oposición de los taxistas a que pueda haber un marco legal que les permita a esas plataformas funcionar en Colombia.
Los taxistas se preocupan legítimamente por los nuevos competidores, pero no puede ignorarse la realidad de que estas tecnologías funcionan en todo el mundo y por más oposición que se haga, mientras que haya usuarios que las prefieran sobre el servicio prestado por los amarillos no habrá manera de pararlas; lo mejor es establecer una clara regulación. Es evidente que hay un desequilibrio entre las normas que cumplen las empresas de transporte y los taxistas frente a quienes prestan el servicio de transporte de pasajeros usando esas plataformas, y en eso hay que buscar que haya equidad.
Es cierto que los taxistas tienen que pagar onerosos cupos para poder funcionar y que las obligaciones ante el Estado son demandantes, cosa que las plataformas digitales podrían compensar con el pago de impuestos en Colombia para  funcionar de manera legal. Adicionalmente, es cierto que los pasajeros de taxis están amparados por seguros ante la eventualidad de un accidente en el que resulten perjudicados, cosa que no pasa cuando se hace uso de un vehículo particular que hace uso de estas plataformas para prestar el servicio de transporte. Ese es otro asunto a reglamentar.
Se debe tener claro que en Manizales, a diferencia de otras ciudades colombianas, el servicio de taxi es de muy buena calidad, y los pasajeros pueden sentirse muy seguros al usar los amarillos, pero tampoco podemos ser una isla ante una realidad que es inatajable. Es evidente que es el usuario quien tiene la libertad de escoger qué servicio le parece mejor y en cuál se siente más seguro, y en esto lo que debe fomentarse es la libre competencia con criterios de equidad en obligaciones para quienes prestan el servicio.

Resulta pertinente que se revise toda la legislación actual existente en Colombia con respecto a la prestación del servicio de transporte público individual, con el fin de adecuarlo a los tiempos modernos, y en el que también todos los conductores de estos vehículos cuenten con condiciones laborales dignas, y que también haya un buen filtro que garantice su buena conducta al volante. En todo caso, debe entenderse que el más importante es el consumidor del servicio y sus intereses deben primar, no los de ningún gremio transportador o empresa tecnológica.