Aunque el objetivo inicial era recaudar $14 billones para financiar el Presupuesto Nacional 2019, la reforma tributaria llamada con eufemismo Ley de Financiamiento que se aprobó el pasado miércoles en el Congreso de la República, apunta a obtener $8 billones el año entrante. Eso, si no prosperan las demandas que ya se anuncian en su contra por supuestos vicios de forma y de procedimiento, una de las cuales sería interpuesta por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien asegura que la plenaria de la Cámara de Representantes votó sin que existiera un texto definitivo de lo aprobado por el Senado, entre otros supuestos errores.
De llegar a concretarse y resultar victoriosas las demandas el gobierno del presidente Iván Duque sufriría un serio revés que lo dejaría en emergencia, y sin capacidad de cumplir planes fundamentales de su programa de gobierno. Entre lo aprobado hay medidas como la de cobrar una sobretasa del 4% al impuesto de renta a los bancos, una medida que le gusta a la tribuna, pero que se argumenta diciendo que les cobran más porque les va muy bien, con lo cual a todo el que sea rentable y eficiente se le pueden cobrar impuestos diferenciales, generando un incentivo perverso para la economía. A las cervezas y las bebidas azucaradas también tendrán un nuevo impuesto dependiendo del lugar en que se consuma, quienes ganen más de $40 millones mensuales serán gravados, y hasta las modelos web cam ahora serán objeto de IVA.
Adicionalmente los patrimonios líquidos superiores a los $5 mil millones tendrán una tarifa transitoria por tres años, quienes tengan capitales en el exterior tendrán un nuevo plazo para declararlos, y en el caso de que no se ajusten a esta oportunidad podrán ser penalizados con cárcel, igual que quienes hayan evadido impuestos por más de $8.600 millones. Otras medidas de la nueva reforma obligan a pagar el 7,5% de las utilidades de empresas o negocios que se giren al exterior, lo mismo que habrá un impuesto del 15% para los dividendos que estén por encima de los $10,3 millones. La venta de inmuebles urbanos por más de $918 millones también tendrá un impuesto del 2% sobre la transacción.
Sin embargo, la nueva ley introduce una significativa tajada de exenciones, que según expertos ascienden a cerca de $9 billones. Tienen que ver con incentivos a las nuevas empresas de economía naranja que inviertan más de $150 millones en tres años y generen al menos 3 empleos, también para los nuevos proyectos del sector agropecuario y turismo, aunque de manera temporal. El Gobierno asegura que, pese a no lograr el objetivo inicial, esta reforma sí será una herramienta para impulsar el desarrollo y generar empleo, lo cual queda en observación y expectativa y dependiente de otras variables del entorno económico hacia el futuro.

Para las clases medias hay un cierto alivio en el sentido de que finalmente se hundió la iniciativa de gravar la canasta familiar, pero dejó un faltante de cerca de $7 billones que habrá que ver cómo los reemplazan. Le tocará al Gobierno Nacional afinar su política de austeridad y hacer recortes en asuntos que resulten accesorios, para que los programas sociales que apuntan a romper las barreras de inequidad puedan financiarse de manera adecuada. Adicionalmente, la DIAN tendrá que hacer un mejor trabajo en el ataque a la evasión y elusión.