El Gobierno Nacional anunció que el próximo mes de marzo presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley de reforma tributaria, con el objetivo de obtener recursos para financiar los diferentes programas surgidos para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia de covid-19. Se ha conocido que los principales cambios estarían orientados a ampliar el IVA a la canasta familiar, involucrar a más asalariados en el pago de impuestos y establecer obligaciones tributarias a las pensiones más altas, entre otros.
 Como consecuencia del anuncio han surgido toda clase de rumores acerca de los alcances que tendría esa reforma, la cual debería estar orientada a reunir más recursos que estén orientados a impulsar de manera rápida y efectiva la reactivación económica del país. Para evitar la desinformación y mejorar el ambiente para su aprobación, el Ejecutivo debería fomentar que haya una discusión previa, amplia y profunda, acerca de las distintas iniciativas que deberían considerarse, y que no ocurra que simplemente se busque una aprobación a pupitrazo en el Legislativo de un proyecto que no haya contado con la suficiente explicación a la ciudadanía.
 El Gobierno tiene que entender que la industria y el comercio fueron duramente afectados por la crisis del año pasado y que más que castigarlos con más impuestos lo que debe hacerse es brindarles un mayor apoyo, cuya consecuencia directa sea la recuperación del empleo. El hecho de que la producción industrial haya caído en un 9,9% en el 2020 retrata la realidad que afronta el sector, y al comercio le ocurre algo similar, por lo que un nuevo golpe sería fatal.
 Toda decisión económica desde el Ejecutivo, incluyendo esta reforma que se anuncia, debe ser compatible con la idea de luchar contra el desempleo y avanzar en la formalización, por lo que se deben analizar muy bien cuáles serían las nuevas fuentes de recursos. Gravar más la canasta familiar, incluyendo leche y huevos, por ejemplo, golpea duramente a amplios sectores de la población, y la verdad es que las devoluciones de ese gravamen son muy limitadas, ya que llegan a muy pocos colombianos y en cantidades mínimas. Tiene que haber otras alternativas que resulten más equitativas y razonables.

En términos generales, el país lo que necesita es que se mejore el recaudo, que se formalice las actividades económicas, y que cualquier camino que se adopte no termine por gravar más a los mismos contribuyentes de siempre, si es que se quiere de verdad reactivar la economía del país. El Ejecutivo calcula que con el proyecto que presentará podría recaudar cerca de $15 billones más que requiere para financiar diversos programas, hay una comisión de expertos revisando el tema, está bien que haya nuevos mecanismos para ampliar el recaudo, pero esperamos que la fórmula propuesta apunte sobre todo a la reactivación y contenga una racionalización del gasto que le dé sostenibilidad a las cuentas del Estado.