El presidente Iván Duque tiene en sus manos el texto del proyecto de la reforma tributaria que fue conciliado ya por el Senado y la Cámara de Representantes, y que empezará a regir el próximo 1 de enero del 2022, tras la sanción presidencial y la revisión que haga la Corte Constitucional. La votación en las plenarias fue arrolladora: en el Senado fueron 76 votos a favor y 1 voto en contra; mientras en la Cámara de Representantes 124 votos la respaldaron y solo 8 la rechazaron.

Con esta herramienta el Gobierno Nacional aspira a recaudar $15,2 billones adicionales en el presupuesto, con el propósito principal de atender a la población vulnerable en los distintos programas sociales generados durante el año pasado debido a la pandemia de covid-19, y aliviar el déficit fiscal que asciende al 9% y, en general, sanear un poco las finanzas públicas, que se han afectado en la actual emergencia sanitaria. La aplicación de esta reforma puede servir para que en el mediano plazo se recupere el grado de inversión del país, cuyas notas negativas recientes de las calificadoras de riesgo afectan las finanzas nacionales.

Entre las medidas principales adoptadas por la iniciativa está el impuesto sobre la renta del 35%, que para las instituciones financieras será del 38%. El cálculo de recaudo en este aspecto es de $7,15 billones. Con nuevos mecanismos antievasión y antielusión se pretende acceder a $2,7 billones adicionales. También está la promesa de ahorrar cada año $1,9 billones del gasto nacional mediante políticas de austeridad, algo en lo que se espera no sean solo buenas intenciones y se acabe con el despilfarro de recursos, y también se ataque la corrupción que le sale tan costosa a Colombia (se calcula en $50 billones al año). Por lo pronto, se promete un ajuste del cinturón en telefonía móvil, arrendamientos, vehículos y viáticos.

La nueva reforma se puede considerar moderada, comparada con el ambicioso proyecto que fue presentado en abril pasado, con la idea de recaudar unos $30 billones, y que le costó el puesto al nuevo codirector del Banco de la República Alberto Carrasquilla. En realidad, atiende problemas económicos coyunturales, por lo que el próximo gobierno deberá presentar una nueva iniciativa que ojalá logre ser de largo aliento, más sencilla y directa, y que se pueda considerar estructural.

Se buscan fuentes de financiación para los programas de Ingreso Solidario, Subsidio a la nómina (Paef), subsidios de matrículas de educación superior e incentivos para la contratación formal de jóvenes (25% de un salario mínimo) en empresas menores de 50 empleados. Sin embargo, lo más importante es que los beneficios laborales se traduzcan en nuevos puestos de trabajo formal, ya que la generación de empleo es la mejor manera de hacer que el crecimiento económico sea sostenible. Ahora bien, para lograrlo se necesitaría una mayor flexibilidad en los mecanismos de contratación, así como ampliar el régimen simple de declaración de impuestos, y con ello fomentar la formalización empresarial.

Hay que reconocer el gesto de los empresarios e industriales de haber ofrecido aportes adicionales, pese a estar en esta difícil coyuntura. De igual manera, debemos rechazar que se empiece a hablar de nuevas protestas sindicales y de otros sectores que solo tienen interés en aprovechar el momento preelectoral.