Esta semana llegó al Congreso de la República el proyecto de ley con el que se pretende reformar el Código Electoral, el cual se aplica desde hace 34 años. El registrador nacional, Alexánder Vega, y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Hernán Penagos, promueven el nuevo documento, en el que se destacan cambios interesantes en la mecánica electoral como el voto electrónico, el voto anticipado y el voto por internet. A esto hay que sumar la realización de escrutinios electrónicos. Todo esto requerirá significativas inversiones en tecnología.
Pese a la novedad de estas modificaciones, lo cierto es que se quedan cortas frente a la necesidad que tiene el país, desde hace rato, de ejecutar una profunda reforma política. Mientras que el cambio en el Código Electoral se tramita como norma estatutaria, sin que su alcance sea constitucional, una reforma política requeriría los 8 debates reglamentarios y un año completo de trámite para que salga adelante. Ya se han hecho varios intentos fallidos para introducir esas modificaciones, pero el pan se ha quemado en la puerta del horno.
No puede negarse que es atractivo ofrecer que la cuota de género para las corporaciones públicas aumente del 30% al 40%, una nueva regulación de las encuestas, ajustes al Estatuto de la Oposición, un nuevo censo electoral, una jornada de votaciones extendida hasta las 5:00 p.m., que las elecciones regionales se adelanten un mes, para septiembre, entre otros, pero el hecho de que la Registraduría y el CNE no sean tocados, hace que la iniciativa sea incompleta y no cumpla con el propósito de que estos organismos dejen de estar politizados y sean cuerpos más técnicos, que ofrezcan mayores garantías de transparencia. Lo ideal sería que más que el Código la reforma se aplicara a todo el sistema electoral, así ello implique tener que esperar un poco más para que se concrete.
Hay que reconocer que la idea está planteada en la dirección correcta, actualizando lo concerniente a lo procedimental, y que logra introducir cambios que a pesar de no tener fuerza constitucional pueden introducir nuevas dinámicas que allanen el camino hacia transformaciones más profundas. Ahora bien, también se corre el riesgo de que se dé la sensación de cumplir con un viejo anhelo de cambio, y que las reformas que se necesitan terminen aplazadas indefinidamente.

Deben pensarse muy bien los nuevos asuntos que se le quieran anexar al Código Electoral, para que sean realmente coherentes y que no terminen quitándole la posibilidad de ser un avance, aunque sea mínimo. Debemos mirar esta propuesta de reforma como una especie de cuota inicial del gran cambio que debe hacerse en Colombia para tener una democracia más viva y sólida. Si la idea es evitar que las discusiones se extiendan demasiado para que no tropiecen con la campaña para Congreso que comenzará con fuerza el año entrante, hay que garantizar decisiones concretas a final de año, y que los cambios no se terminen ahogando en discusiones inútiles que solo aplazarán más las modificaciones urgentes.