Un total de 23 representantes a la Cámara, entre ellos los caldenses Fernando Gómez (del Centro Democrático) y Félix Chica (del Partido Conservador), presentaron un proyecto de ley con el que pretendían cambiar las reglas de juego de la democracia. Como se había advertido en distintos escenarios, con el impulso de la Federación Colombiana de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos, querían ampliar por 2 años el gobierno del presidente Iván Duque y el periodo de los congresistas actuales. Como sintieron el rechazo general a ese exabrupto 15 representantes retiraron ayer su firma del proyecto, con lo que no alcanzó el mínimo de 10 para poder continuar el trámite en el Legislativo.
 Es una idea que nació muerta, pero vale la pena analizar la mala intención que escondía. El argumento peregrino era que no hacer las elecciones del 2022 nos ahorraría $3,5 billones, que podrían usarse para atender la pandemia de covid-19, y que sería una manera de integrar las filosofías de los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, y con ello avanzar más rápido en tener una visión más amplias y coherentes del país. Tanta poesía, en realidad, iba en detrimento de la estabilidad democrática colombiana y generaría concentraciones de poder totalmente insanas.
 Siempre se debe poner en primer plano el espíritu de la democracia: cuando los ciudadanos votan lo hacen por unas personas que ocuparán unos cargos durante un tiempo determinado, y no existe ningún poder distinto al del mismo pueblo que pueda ir en contra de esa voluntad y tratar de imponer nuevas reglas a mitad de camino. De ninguna manera, si no hay un acuerdo político general o un mandato contundente del constituyente primario es posible ampliar o reducir periodos de funcionarios elegidos popularmente. Esta iniciativa, además de ser atrevida demuestra un grado de ignorancia del Estado de Derecho, que en lugar de debilitar, los congresistas y el Gobierno tienen la obligación de fortalecer.
 Adicionalmente, involucrar a los organismos de control en semejante adefesio agravaría la ya profunda fractura institucional, desequilibraría todavía más el desvencijado sistema de pesos y contrapesos en el país y fomentaría el clientelismo y la corrupción en unas elecciones generales, a las que sería más difícil, por ejemplo, seguir el hilo de la financiación de las campañas.
 Una consecuencia muy grave de esta iniciativa habría sido que las agendas locales perderían toda importancia, y el presidencialismo que ya es grave en Colombia tomaría ribetes desbordados. El deseable fortalecimiento de los partidos no puede justificar que se generen hegemonías cuyos comportamientos terminarían siendo muy peligrosos para el equilibrio anhelado en una democracia. Ya hemos visto como en regímenes como el del vecino Venezuela, un gobierno que ha modificado a su amaño el sistema electoral y que tiene cooptados los demás poderes estatales hace lo que quiere con su pueblo sin que haya manera de parar los abusos.

Qué bueno que apareció la sensatez y se hundió esa propuesta antidemocrática, que infortunadamente fue impulsada por congresistas que pertenecen a las fuerzas políticas afines al Ejecutivo, los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, La U y el Centro Democrático. Hubiéramos querido que desde antes el Gobierno Nacional se hubiese pronunciado de manera contundente para evitar esta vergüenza.