Una semana ajusta ya la minga indígena que desde el departamento del Cauca partió con el objetivo de llegar a Bogotá para reclamar los supuestos incumplimientos en los que ha incurrido el Estado colombiano, y de manera particular el actual Gobierno. Ayer en la madrugada partieron desde Cali, en unos 200 buses, cerca de 5 mil indígenas para insistir en la capital de la República que el presidente, Iván Duque, los atienda de manera directa, sin intermediarios.
En la capital vallecaucana, durante dos días, los líderes indígenas se reunieron con los delegados del Gobierno, entre ellos varios ministros, sin que se lograran acuerdos para suspender la movilización, que tiene previsto llegar el lunes a Bogotá, y sumarse al paro nacional que las centrales obreras vienen convocando para el próximo miércoles. Con ello se pretende volver a presionar a Duque alrededor de los reclamos que vienen haciendo diversos sectores desde finales del año pasado, pero que fueron suspendidos por la pandemia de covid-19.
Estas jornadas de protesta que, aunque son legales y legítimas, ocurren en el momento en que hay alarmas prendidas en el país ante la posibilidad de un rebrote de la enfermedad, y cuando en la región del Eje Cafetero se aceleran los contagios y nos acercamos al llamado pico, lo cual complica y pone en riesgo la salud pública nacional.
En este momento de crisis sanitaria es impertinente y riesgoso tener manifestaciones moviéndose por todo el territorio nacional, donde las aglomeraciones pueden resultar costosas en lo relacionado con el control de la pandemia. También es cierto que no es fácil para el Ejecutivo dar el brazo a torcer en el pulso de poder que proponen los indígenas, al exigir que sea el propio Duque quien se reúna con ellos. No obstante, un posible compromiso de cumplir el punto étnico del Acuerdo de Paz de La Habana podría ayudar a que se distensione la situación.
Buena parte de los reclamos de los indígenas han sido atendidos, y es inoportuno que los protestantes eleven ahora sus demandas, pues el Gobierno viene asegurando que se ha cumplido correctamente, con la inversión de unos $250 mil millones este año en múltiples proyectos, y la destinación de otros $296 mil millones el próximo año. Para los indígenas lo fundamental en este momento es que no se sigan cometiendo crímenes contra líderes de sus comunidades, que la Fuerza Pública no los agreda y que haya respuestas con respecto a los planes de sustitución de cultivos ilícitos. Se podrían buscar rápidas soluciones en esos puntos.

Si se observa la situación en perspectiva, es innegable que los compromisos del Estado colombiano con los indígenas tienen décadas de atraso y muchos de sus reclamos son justos, pero el actual momento es el menos apropiado para ello. Además, los líderes de esas comunidades deben entender que al ser un problema acumulado es imposible pedirle a un solo gobierno que se ponga al día, como es su pretensión. En eso se necesita más sensatez, y tampoco permitir que algunos pesquen en río revuelto y traten de sacar provecho de la situación, porque sus justas peticiones se ponen en riesgo de perder sustento.