Después de muchas vueltas, y gracias a la estrategia del Gobierno Nacional de negociar con los congresistas artículo por artículo, quedó lista para sanción presidencial la llamada Ley TIC, que cambia en buena medida las condiciones del sector. El mensaje de urgencia con el que llegó al Congreso, pese a ser un proyecto de ley ordinaria, así como las reuniones con congresistas fuera del Capitolio, fueron clave para que el Ejecutivo pudiera garantizar las mayorías. Así pasó el año pasado con la Ley de Financiamiento y este año con el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso, en los tres casos, quedó la sensación de que esos proyectos fueron aprobados a pupitrazo.
La ministra de las TIC, Sylvia Constaín, se salió con la suya, y de acuerdo con sus afirmaciones la nueva norma servirá para modernizar el sector y lograr que se inviertan más recursos para dinamizar la economía. Aunque lo aprobado dista bastante del proyecto presentado a finales del 2018, es bueno que se haya conservado el propósito de lograr una mayor conectividad de telefonía e internet, sobre todo hacia regiones que hoy están incomunicadas. Se calcula que hay unos 20 millones de colombianos a los que no les llega internet. Para ello las concesiones del espectro electromagnético fueron ampliadas de 10 años a 20 años.
No obstante, también sobrevivieron algunos aspectos negativos, como que la ley se preste para que el gobernante de turno disponga del sector en políticas de contenido, en las que un organismo rector estatal debería gozar de total independencia del Ejecutivo. Eso abre el camino hacia posibles censuras que, si bien no serían directas, son inconvenientes en una democracia. Deja muchas dudas que el regulador convergente para el sector quede integrado por dos juntas: la Comisión de Regulación de Comunicaciones con gran presencia del Gobierno, y la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, se enfocaría en el pluralismo informativo y defensa y derecho de los televidentes.
Esto implica que funciones que eran de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), la cual se acaba, pasan al MinTIC, lo que puede conducir a que contenidos incómodos para quien gobierna terminen bloqueados. Otro asunto problemático es que sea el Ministerio y no el FonTV el que maneje ahora el dinero de la televisión pública. Con esto y otras medidas, esa cartera queda con superpoderes que mal administrados tendrían efectos desastrosos por su riesgo de politización. 
A los canales privados se les alarga sus concesiones de 10 a 20 años, lo que es visto como un regalo del Gobierno, ya que con los mismos $130 mil millones que les servirían para estar al aire hasta el 2029 se quedarán hasta el 2039, con la ventaja adicional de que el pago al Estado lo harán en 10 años y no es dos como estaba previsto. Además, la ley abre la posibilidad de que el 60% sea en especie, es decir obras que estén orientadas a mejorar la cobertura. Hay quienes consideran que estas decisiones son inconvenientes para el país, entre ellos la Contraloría General de la República, ante la falta de claridad acerca de la cantidad de recursos efectivos que llegarán al Estado por el uso del espectro.

Sin embargo, la mayor crítica que se hace es que la ley no fue socializada de manera real con las comunidades que se afectarían con lo aprobado, y que su discusión se hizo prácticamente a puerta cerrada con congresistas. Nadie duda de la necesidad de introducir cambios en la manera como se regulan las telecomunicaciones en el país, pero hubiera sido preferible tener un debate amplio y profundo del que salieran las mejores decisiones para el sector.