Si antes de la pandemia las actividades de la justicia lucían paquidérmicas y los procesos gastaban tiempo exagerado para resolverse, con la pandemia el ritmo de las actividades en los juzgados quedó prácticamente paralizado, y hoy aún no logra despegarse de su paso de tortuga.
El hecho de que en Caldas se haya dado una reducción en ingresos y respuestas del 50% el año pasado en las actividades de lo Contencioso Administrativa y en lo Disciplinario, con respecto al 2019, nos muestra un panorama poco alentador y preocupante. En la jurisdicción ordinaria el descenso también fue significativo: de 3.097 ingresos se pasó a 2.025 y de 2.974 sentencias se cayó a 1.971. Así las cosas, según el Consejo Superior de la Judicatura en Caldas se tramitaron en el 2020 cerca de 23 mil procesos menos que en el 2019.
Debemos recordar que el 16 de marzo del año pasado, debido a lo estipulado en el Acuerdo No. Pcsj A20-11517 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, fueron suspendidos los términos de los procesos judiciales hasta el 30 de junio del 2020. Esto, como consecuencia de la orden presidencial de cuarentena general en Colombia.
Con ello, los juzgados quedaron cerrados, y aunque los funcionarios de la Rama Judicial siguieron laborando desde sus casas, y las audiencias y diligencias públicas quedaron suspendidas por meses. Solo a principios de este 2021 empezaron a darse pasos para avanzar en la normalización, pero el atraso es mayúsculo.
A esto se suma que, al estar los casos acumulados, se genera un gran desorden e ineficiencia en la impartición de justicia, la cual se agrava cuando desde distintas instancias de hacen triquiñuelas para aplazar audiencias y dilatar investigaciones. Desde las directivas de la Rama se afirma que este año se trabaja para alcanzar, al menos, las cifras del 2019 en cuanto a procesos tramitados, pero todo indica que no se logrará y que la ineficiencia seguirá su curso.
Es frustrante ver este panorama, detrás de lo cual también queda en evidencia la competencia limitada de los funcionarios judiciales en materia de TIC. Si esa realidad fuera diferente, seguro que las actividades podrían haberse llevado sin mayores traumatismos y con resultados muy cercanos a, por lo menos, lo que se traía. En este aspecto, nos queda la lección de mejorar las competencias en el uso de las nuevas tecnologías para avanzar más rápido en la atención de los numerosos casos.
El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, tiene la posibilidad de fortalecer la formación en entornos digitales y virtuales. Sin embargo, al parecer, se avanza a la misma velocidad paquidérmica que el resto del sistema judicial colombiano.
Si se quiere, no solo recuperar las cifras del 2019, sino mejorar la productividad y eficiencia, así como la optimización de recursos y economía procesal, habrá que adoptar las TIC en serio. Si queremos dejar atrás la impunidad que reina, avanzar hacia la transparencia y ser más efectivos en las decisiones judiciales, el camino está abierto para la mejora. Es necesario, inclusive, acercar a los ciudadanos a través de los canales digitales y que puedan acceder de manera ágil a la justicia, De otra manera no se podrá recuperar la confianza en ese poder público.