La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene el tiempo contado para sacar adelante los procesos para los cuales el Congreso les fijó competencia en virtud de los acuerdos logrados entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las Farc. Un plazo clave de este proceso se cumple el próximo viernes cuando se termina el tiempo para que terceros no combatientes soliciten su admisión en esta y que puedan rendir su versión voluntaria. Está dirigida esta norma a personas que hayan sido vinculadas a un proceso penal ordinario y consideren que gozan del beneficio de ser juzgadas por la jurisdicción transitoria, toda vez que tienen algo que aportar. Hay que anotar que esta puerta continúa abierta para quienes sean vinculados después del 6 de junio pasado y siempre tendrán hasta tres meses, después de su vinculación, para solicitar este privilegio.
Claro que es un privilegio ser juzgado por la JEP, toda vez que al ser la encargada de fallar en consideración de los acuerdos logrados, quienes logren acceder a esta instancia podrán recibir beneficios que no puede conceder la justicia ordinaria, de acuerdo con los aportes que haga a la reconciliación, al esclarecimiento de la verdad e incluso con base en las indemnizaciones que puede estar dispuesto a conceder. Por este motivo, es que quienes logren acceder a ser juzgados por esta rama tienen que ser personas que efectivamente cumplan con las condiciones para poder ser admitidos en esta, sin ninguna duda.
En los últimos días se ha sabido de la solicitud que han hecho todo tipo de personas hoy juzgadas por jurisdicciones ordinarias para buscar los beneficios de la JEP, con el argumento manido de que sus conductas estuvieron mediadas por el conflicto interno colombiano y, de no existir este, no habrían ellos incurrido en las situaciones que hoy los tienen sub judice. Se trata de una jugada que en muchos casos solo busca lograr beneficios para estas personas, cuando se trata de simples delincuentes comunes, corruptos o personas que cometieron toda clase de fechorías por fuera de la guerra en el país. Es más, se debe recordar que incluso acciones que pudieron parecer de guerra no serán perdonadas como los delitos de lesa humanidad.
Esperamos pues que la JEP atienda a lo que le ordena la ley y de una vez por todas cierre la puerta a estos avivatos que quieren llegar a recibir beneficios para los que no tienen derecho. El país está pendiente de que este organismo haga el mejor trabajo posible y permita brindar ciertos grados de justicia que sirvan para ayudar a la reconciliación del país, después de las heridas abiertas por el proceso. Entre esto tendrán posibilidades militares, pero no puede ahora intentarse conexiones que no tienen lugar. Que la puerta sea solo para quienes efectivamente tienen derecho y quieren realmente aportar a la reconciliación del país.

También se conoció que un grupo de congresistas promoverá una ley en los próximos días con el fin de ampliar el plazo para que estos terceros intervinientes puedan acudir en otro momento, sobre todo pensando en personas que no respondieron a la ley de Justicia y Paz y que ahora tengan una nueva oportunidad para contar la verdad, a la que tienen derecho las víctimas. En todo caso, de esto darse, habrá que seguir guardando que se trata realmente de quienes delinquieron como parte del conflicto armado y no por causas diferentes.