A la Corte Suprema de Justicia ya solo le falta un magistrado para quedar completa: el reemplazo del jurista Ariel Salazar, quien terminó el pasado jueves su periodo. Después de múltiples intentos por llenar siete vacantes que desde hace cerca de un año tenía ese alto tribunal fue necesario que allí mismo, en sesión extraordinaria, se modificara el cuórum decisorio de su reglamento interno, tras la salida de Salazar, y así poder superar ese obstáculo y despejar el camino hacia adelante. Ojalá que ya no haya motivos para más atascos y que esa corte funcione resolviendo casos importantes que requieren de sus determinaciones prontas.
A la Sala Penal llegaron Hugo Quintero, Fabio Ospitia y Gerson Chaverra; a la Sala Laboral Ómar Mejía, Mauricio Lenis y Luis Benedicto Herrera Díaz, y a la Civil Francisco Ternera Barrios. Todos estos juristas ingresan luego de entrevistas y del visto bueno inicial del Consejo Superior de la Judicatura. Paradójicamente solo fue posible lograr su ingreso tras llegar al punto límite de quedarse sin posibilidad de tomar decisiones, en un caso parecido al del 2010, cuando se encontró una salida similar para llenar las sillas vacías. El reglamento, que exige dos terceras partes de los magistrados para tomar decisiones, ahora tiene la palabra efectivos, con lo que no se tomaron como base los 23 magistrados que debería tener la Sala Plena, sino 15, en este caso.
Como sea, ahora la Corte está prácticamente completa y no debería haber nuevos impedimentos para que funcione sin restricción, aunque desde ya se anuncian demandas ante el Consejo de Estado desde sectores del partido Centro Democrático, que consideran que la designación de Quintero, por ejemplo, fue un error, por haber expresado en el pasado sus inclinaciones antiuribistas. No obstante, este hecho no debería ser el motivo que derrumbe la decisión de la Corte, ya que para esos casos existe el recurso de recusación contra magistrados en casos específicos; si llegaran demandas en contra del cambio del reglamento interno el riesgo de caída es para todos los nombrados y el país caería en una situación compleja para su principal órgano de justicia.
Lo que necesitamos los colombianos ahora es que la Corte Suprema funcione y empiece a evacuar con prontitud procesos que se encuentran allí represados a la espera de claras decisiones, que reflejen seriedad, transparencia, apego a la ley y total vocación de acertar. Ya en sus primeras reuniones de este año y con un mínimo cuórum decisorio, el alto tribunal escogió a Francisco Barbosa entre una terna como nuevo fiscal General de la Nación; esa era una designación que se esperaba con urgencia, luego de la renuncia desde abril del año pasado de Néstor Humberto Martínez, quien salió en medio del escándalo por los mínimos avances en las investigaciones del caso de corrupción de Odebrecht.
Los nuevos togados deberán asumir distintos roles en casos como el de la excongresista Aída Merlano y sus denuncias contra líderes políticos de la Costa Atlántica, lo mismo que en el proceso que se lleva allí en contra del expresidente Álvaro Uribe, como también el caso del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por supuestos aportes ilegales de parapolíticos a una campaña política suya.

Otros casos que están en el alto tribunal aún sin resolverse es el de la excontralora Sandra Morelli, por supuestas irregularidades en el alquiler de un edificio de la Contraloría; y el del exmagistrado Gustavo Malo, acusado por el caso del Cartel de la Toga. La Corte debe demostrarle al país que sus dificultades fueron pasajeras y que ahora se tiene la mejor intención de obtener resultados claros y contundentes en sus decisiones.