Comenzó a concretarse la Conversación Nacional convocada por el presidente Iván Duque, para analizar las soluciones a todas las demandas que hacen las personas que protestan en las calles de las principales ciudades del país, incluyendo cacerolazos y marchas. En ese ejercicio de diálogo participó ayer el llamado Comité Nacional de Paro, integrado por dirigentes de sindicatos y centrales obreras, quienes se mantienen firmes en mantener la presión con la convocatoria a nuevas movilizaciones. La oposición de los miembros de ese comité a que haya otras voces en esta conversación es un gran despropósito, cuando entre más diversos y plurales sean los participantes habrá más legitimidad en los resultados de esos diálogos.
La gran dificultad para el gobierno de Duque es que gran parte de las personas que expresan por estos días su descontento no tienen necesariamente representación en los voceros sindicales, como tampoco en los partidos políticos, ni en los alcaldes y gobernadores electos, como claramente lo admitió Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá. El gran desafío del mandatario, para sortear con éxito esta coyuntura, es lograr sentarse a conversar con los reales representantes de los indignados que se mantienen en actitud de rechazo a sus políticas. 
Que surjan del Ejecutivo propuestas como la de la llamada Ley de Crecimiento Económico, en la que habría devolución del IVA a los más pobres, un descenso gradual de la cotización a salud que hacen los pensionados y el fomento al empleo formal para los jóvenes entre los 18 y 28 años son medidas acertadas. Debe haber un viraje concreto en políticas sociales y económicas que signifiquen alivio real para el bolsillo de los colombianos que más lo necesitan, al mismo tiempo que se le dé sostenibilidad a la economía. Las conversaciones deben girar en torno a ideales posibles, en los que las reformas pensional y laboral también consideren las modificaciones pertinentes al régimen de prima media y la flexibilidad en los empleos, ya que de otra manera los cambios serían inviables.
Un asunto vital de la actual movilización ciudadana es su crítica a la corrupción, asunto que el mandatario tuvo la oportunidad de enfrentar de manera clara y decidida al comienzo de su mandato, tras la gran votación obtenida por la consulta anticorrupción, pero que no contó con su respaldo. Inicialmente Duque convocó a todos los sectores políticos, incluida la oposición, para trabajar en la concreción de proyectos para ser tramitados en el Legislativo, donde infortunadamente esas iniciativas se fueron diluyendo hasta convertirse en prácticamente nada. La ira por esa trama es la que tiene a muchos en las calles en protesta contra el Gobierno. Hay que volver a presentar ese paquete de medidas, pero esta vez con mensajes de urgencia.
Tampoco resulta pertinente ahora pensar en la idea de una constituyente, cuando el problema no es de ausencia de marcos normativos sino de no aplicación de los existentes. Lo que se requiere es desarrollar de manera más profunda la democracia participativa de la que habla la Constitución del 91, así como implementar con urgencia el Acuerdo de La Habana que, si bien es resultado de las conversaciones con las desmovilizadas Farc, reúne reformas sociales y políticas que de todos modos son necesarias con urgencia en Colombia, para vencer las desigualdades y avanzar en un desarrollo que tenga como base la justicia social.

Hay que acelerar el paso, que el Ejecutivo empiece a dar muestras de que está comprometido con avanzar hacia las soluciones que desactiven las protestas sin violencia. Debemos exigir que haya sensatez en todos los sectores, que se escuchen todas las voces y que no haya más aplazamientos de medidas que se consideren prioritarias. También hay que rechazar esas voces extremas que piden la cabeza del presidente Duque por el único hecho de que, por fin, muestra disposición para escuchar a su pueblo.