El Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado el pasado jueves en el Congreso de la República, y que ahora pasa a sanción presidencial, la cual deberá ocurrir antes de este martes, será la hoja de ruta del gobierno de Iván Duque hasta el 2022, por lo que se esperaba que su discusión en el Legislativo se llevara a cabo de manera juiciosa y profunda, pensando en lo más conveniente para el futuro del país, sin improvisaciones ni micos de última hora. 
Lastimosamente, debido a la distracción que produjeron las objeciones del mandatario a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el PND tuvo apenas pocas horas de discusión en las plenarias, al punto que los senadores terminaron dando un pupitrazo a lo avalado por la Cámara, sin enterarse de los contenidos del documento aprobado minutos antes en medio de acaloradas peleas entre algunos representantes y voceros del Gobierno Nacional. De no ser así, y haber necesitado conciliación, el plan no llegaría a tiempo a la Casa de Nariño para sanción.
La manera en que arriba el documento a manos del Presidente para que se convierta en ley muestra claramente la falta de liderazgo del Ejecutivo para un trámite que garantizara profundidad en las discusiones y respaldo a varias propuestas que se le quemaron en la puerta del horno, sobre todo en materia de austeridad y en achicamiento del Estado, como era su propósito inicial. Aunque el Gobierno se declare satisfecho con lo aprobado, lo cierto es que el resultado no garantiza que lo que venga sea bueno. Además, resulta bochornoso ver peleas entre ministerios por el manejo de recursos para la vivienda rural, lo que evidencia la ausencia de claras directrices superiores.
En general, hay un enorme desconocimiento de lo planteado en ese documento de 330 artículos, lleno de reformas en distintos sectores con consecuencias inciertas. Uno de esos temas es el pensional, en el que el Gobierno logró cambios que impactarán las finanzas empresariales y en algunos casos podría perjudicar a los cotizantes, yendo en contra de la formalización laboral que tanto se necesita en medio de un panorama de crecimiento del desempleo como el que está viviendo el país.
El hecho de aprobar subsidios que, de manera indirecta, saldrán del bolsillo de todos para salvar Electricaribe, una empresa que gracias a ineficiencias, fraudes de los usuarios y corrupción está en quiebra y que ahora debemos rescatar todos los colombianos. Ahora bien, parece positivo que el IVA para la gasolina haya pasado del 19% al 5%, aunque no esté muy claro si ello vaya a representar un alivio económico para los consumidores.
Hay otros puntos que apenas se están conociendo y cuyos efectos son insospechados, como los cambios en la manera de cobrar y distribuir regalías, o la aprobación del fracking para la explotación de hidrocarburos con métodos no convencionales. Igual pasa con la medida, ilegal según muchos analistas, de subir aranceles a las importaciones de textiles y confecciones, entre otros. Ojalá se logren los objetivos de crecer por encima del 4,5%, crear 1,6 millones de empleos y sacar de la pobreza a unos 3 millones de colombianos y a 1,5 millones de la pobreza extrema, como plantea el documento.

Para Caldas es positivo que el proyecto Aeropuerto del Café se mantuviera como iniciativa prioritaria. Ojalá se empiece a ver en la práctica la gestión que asegure la ejecución de los primeros $100 mil millones este año, aunque la polémica alrededor de las vigencias futuras para el último año de gobierno augura un tránsito difícil para asegurar los dineros faltantes. Esperamos que pese a lo incierta de esta brújula nos termine conduciendo a tierra firme.