Llegan hoy a Colombia 53 militares estadounidenses que, de acuerdo con el Gobierno Nacional, ayudarán en las operaciones de lucha contra el narcotráfico. Desde distintos sectores de la opinión se critica o se respalda dicha situación que, sin duda, resulta sorpresiva y riesgosa, principalmente por estar destinados estos oficiales norteamericanos a permanecer en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander, límites con Venezuela, país que sin duda tiene hoy fuertes vínculos con el tráfico internacional de drogas.
Son militares de la llamada Misión SFAB, que corresponden a la brigada élite del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, quienes estarán inicialmente en la base militar de Tolemaida, en el Tolima, donde pasarán los 14 días de aislamiento que obliga la pandemia de covid-19, como medida de prevención. Su presencia en Colombia está prevista, inicialmente, para cuatro meses, como lo informó la embajada de ese país en Colombia, aunque se presume que podrían permanecer por más tiempo.
El centro de la polémica se basa en el Artículo 173 de la Constitución Nacional, que señala que este tipo de decisiones tienen que ser aprobadas por el Senado de la República, y que el Ejecutivo no tiene atribuciones para ello. El mismo presidente del Senado, Lidio García, criticó la llegada de los militares estadounidenses. La respuesta del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en el sentido de que es solo una misión de asesoramiento, en desarrollo de unos acuerdos de cooperación que completan más de dos décadas, fue criticada duramente.
Ahora bien, hay varias interpretaciones legales que aseguran que en este caso, por no ser Colombia plataforma de tránsito hacia otro país y ser una asistencia técnica incluida en tratados, el presidente de la República no necesita el visto bueno parlamentario. El temor de algunos es que, en realidad, esos militares terminen siendo parte de operaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, a quien Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, le ha advertido de la posibilidad de una intervención militar.
La verdad es que no parece oportuna esta operación, que podría terminar mal para nuestro país, si no hay plena claridad acerca de los objetivos de la presencia en Colombia de esta fuerza élite militar. La coyuntura geopolítica, en la que varios hechos confusos involucraron hace algunas semanas a supuestos mercenarios estadounidenses en un intento de ataque a Maduro, ponen a Colombia en un nivel de riesgo que no es tolerable. Nuestro país no debería inmiscuirse en esta situación más allá de la búsqueda de salidas pacíficas en el marco de la recuperación de la democracia en el vecino país.
No podemos ignorar que en la base del conflicto binacional hay otras situaciones que enfrentan a los Estados Unidos con Rusia, China e Irán, y que un eventual conflicto bélico perjudicaría a Colombia de manera mayúscula. Ahora bien, tampoco puede ignorarse que este tipo de situaciones también son aprovechadas desde diversas trincheras políticas para tratar de ganar partido. Como sea, se necesita mucha sensatez y discusión franca alrededor de este hecho, para que la total claridad aporte al objetivo común que debemos tener de luchar contra el crimen.
