“Gente que no estaba se sumó y les pusimos un pedacito para que se sientan representados”. Esta frase del fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, retrata la colcha de retazos en que se convirtieron las peticiones de los miembros del Comité de Paro al Gobierno Nacional. Con este paso de 13 a 104 exigencias al Ejecutivo, se desvirtúa una protesta que pasó de contener aspectos esenciales en cuanto a la corrupción, la implementación del Acuerdo de paz y el avance más rápido hacia una mayor equidad en Colombia, a ser una lista de mercado sin forma, sin fondo y sin brújula; algo absolutamente descabellado que en su afán de representar a todos, ya no representa a nadie.
Incluir transformaciones en la doctrina militar y la seguridad nacional, además de muchos otros aspectos que no son del resorte exclusivo del Gobierno Nacional y que implicarían incluso cambios constitucionales que requerirían discusiones de varios meses en el Congreso de la República, es algo que no tiene sentido. Pensar en sacar a Colombia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) o no sancionar la Ley de Crecimiento Económico como parte de los puntos de negociación entre ese comité y el Gobierno traspasa los límites de lo que debe ser un diálogo para obtener soluciones realistas y posibles.
Es sensato que el Ejecutivo enfatice en que no se puede negociar el Estado, porque a la incredulidad que gran parte de los colombianos tienen frente al Ejecutivo no se le pueden agregar elementos que puedan generar una inestabilidad que solo profundizaría los problemas. Desde luego que se espera una mayor celeridad y compromiso del presidente Iván Duque y de su equipo para avanzar en los cambios que conduzcan a tener menos desigualdades y cerrar brechas en asuntos de educación y salud, un escenario más amplio de participación política y lucha frontal contra los corruptos, pero para ello hay que partir de las bases que se tienen y no jugar a reinventarlo todo.
Los temas laborales y pensionales deben ser discutidos, sin duda, bajo los criterios de equidad y sostenibilidad, apuntando a tener cada vez más empleos formales, y en busca de que en el mediano y largo plazo el sistema de pensiones tenga una mayor cobertura y con menos desequilibrios, donde los subsidios lleguen a quienes realmente lo necesitan, y que eso también ayude a tener una cada vez más dinámica y fuerte economía, sustentada en el consumo interno y la creciente producción nacional. 
Luego de un mes de iniciado el paro hay gestos del Ejecutivo que apuntan a remediar buena parte de los reclamos. Desde luego que en las peticiones hay situaciones que deben ser tomadas en serio y buscar mejoras que también impliquen conducir al país hacia un desarrollo respetuoso del ambiente y con una lucha más decidida contra la pobreza, pero esos otros asuntos que incluso superan las atribuciones del Gobierno deberían ser sacadas de la agenda, y pasar del lenguaje de las exigencias a la sana y madura discusión democrática en los escenarios pertinentes.

Es evidente que hay un malestar real en distintos sectores ciudadanos, que fue visible sobre todo en las multitudinarias marchas pacíficas del 21 de noviembre, en las que reinó la diversidad y la participación de sectores que no se habían pronunciado antes en este tipo de manifestaciones. Sin embargo, eso no puede conducir a que quienes pretenden representar esas inconformidades traten de aprovechar esta coyuntura de manera política, desviando el clamor de transformaciones sociales y económicas, cuyas soluciones sí pueden estar en manos del Gobierno, para llevarlo a un plano de mero forcejeo por asuntos que solo entorpecen la posibilidad de llegar a acuerdos.