$1,2 billones saldrían del erario (léase bolsillos de los colombianos) para pagar deudas bancarias del Consorcio Ruta del Sol II, conformado por la constructora brasileña Odebrecht y la colombiana Episol, tras tomarse la decisión de liquidar ese contrato con el que la ambiciosa vía a la Costa Atlántica se paralizó, con solo un 52% de avance. La indignación por este hecho, defendido por el Gobierno Nacional con el argumento de que hay terceros de buena fe afectados que no deben pagar los trastos rotos, se acrecienta porque todavía hay instancias legales pendientes por resolver.
Es muy cuestionable que además de que esté comprobado que ese contrato se obtuvo gracias al pago de sobornos a funcionarios del Estado, que ya están condenados, además de los privados socios de la constructora, también presos, ahora le toque al mismo Estado endeudarse para pagar las deudas que asumió ese consorcio. Bien hace la Contraloría General de la República en analizar recursos jurídicos para oponerse y cerrarle todas las puertas a la firma brasileña que tanto daño le ha hecho a Colombia y América Latina con su inmoralidad. Desde el Gobierno aseguran que la única salida es pagar, debido a que es consecuencia de la liquidación del contrato, pero la caducidad debió ser el camino, para que no fuéramos los contribuyentes los que tengamos que salir a arreglar el problema. En esto hay que anotar que fue la Superintendencia de Industria y Comercio la que se equivocó al exigir ponerle fin al contrato.
Desde el Gobierno señalan que el meollo del asunto está en la sentencia C-207/19, de la Corte Constitucional, que supuestamente ordena que en casos como este el Estado asuma deudas, pero al parecer habría una mala interpretación, porque la liquidación de un contrato se hace con el contratista y no con los acreedores del contratista. Además, antes de proceder hay que asegurarse de que el contratista no tiene cómo pagar sus deudas, lo cual no se ve en este caso. 
Así las cosas, el Estado no solo ha recibido el impacto de los sobrecostos de una obra que debería estar terminada y con niveles óptimos de calidad, sino que hay una nueva cuota de sacrificio económico por haber terminado lo pactado con un consorcio corrupto. Debería ser al contrario, que esas firmas inmorales nos paguen a los colombianos por haber actuado mal y habernos metido en semejante lío. Todo parece indicar, por las decisiones que se tomaron con el contrato de la Ruta del Sol II, que tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el actual de Iván Duque, contribuyeron a que no quede salida distinta a la que están negociando.

Lo peor es que no se sabe cómo se hará el 48% de obra que aún falta, mientras que el país avanza sin concretar herramientas que castiguen seriamente a quienes promuevan o participen en corrupción, en cuyo tema la Fiscalía tampoco logra adelantos, como lo vimos durante el paso de Néstor Humberto Martínez y como se mantiene en la actual interinidad. Hasta el momento se han invertido en esa obra $1,6 billones, y falta casi la misma cantidad de obras por ejecutar. Lo más triste es en el 2010 se había calculado su valor completo en $2,4 billones. Todo esto pasa mientras se espera que el 6 de agosto un Tribunal de Arbitramento señale qué debe hacerse, pero como están las cosas el Gobierno ya aceptó que sea el Estado el que pague.