Bogotá afronta por estos días complejas tensiones en su movilidad por cuenta de los bloqueos de camioneros y demás vehículos de carga, como consecuencia de la aplicación del Decreto 840 del 2019, que restringe el tránsito de este tipo de automotores con una antigüedad mayor a 10 años y que busca reducir los niveles de contaminación, accidentalidad y congestión. Está identificado que el 84% de la flota tiene tecnología inferior a Euro III, y que el 73% tiene más de 10 años. Además, el 18% de los vehículos tienen una edad igual o superior a 20 años.

Desde el punto de vista ambiental, análisis realizados en la capital del país señalan que las emisiones contaminantes de los camiones representan el 43% del total de material particulado en el aire, lo que exige medidas de urgencia para tratar de solucionar la crisis ambiental que se tiene allí. Sin embargo, lo sensato es avanzar de manera gradual pero firme en la concreción de ese objetivo. Tal vez fue muy precipitada la aplicación generalizada y radical de la medida que les aplica una especie de pico y placa a este tipo de vehículos, para los cuales también se requieren programas de chatarrización que funcionen.

Es verdad que los vehículos de carga y los buses son los mayores responsables de la contaminación del aire, no solo en Bogotá, sino en todas las ciudades colombianas. Cuando se desarrollan jornadas de día sin carro el balance de movilidad es bastante satisfactorio porque salen de las vías grandes cantidades de carros particulares, pero el resultado ambiental es muy parecido a lo que ocurre en un día normal, precisamente porque el origen de la contaminación no está en los automóviles, sino en vehículos grandes que muchas veces se convierten en verdaderas chimeneas ambulantes. La alerta amarilla que por estos riesgos se mantuvo hasta el pasado lunes en Bogotá evidencia que hay un problema que debe resolverse.

Si bien la aplicación del decreto provoca dificultades, las vías de solución pueden conducir a la construcción de un modelo que sea claro y coherente que, en poco tiempo, garantice que los vehículos más contaminantes salgan de circulación y que la economía que depende de la utilización de estos carros no se vea afectada. En la medida en que se alcance una conciliación al respecto, con un mecanismo de seguimiento y verificación bien estructurado, un uso adecuado de subsidios estatales y que sean establecidos con criterios de justicia, se podrán garantizar avances reales en la mejora del aire, sin mayores turbulencias. Un modelo de este tipo debe aspirar a ser asumido como política nacional y replicado en el resto del país.

Establecer una exención del IVA para los pequeños transportadores de pasajeros y de carga, para la adquisición de vehículos por chatarrización, es un buen avance. No obstante, hay que afinar las herramientas que nos lleven como país a dar un paso más efectivo en la renovación del parque automotor, ojalá inclusive con una migración a carros que funcionen con energías limpias. De acuerdo con el Ministerio del Transporte en la última década se han chatarrizado 30 mil vehículos de carga con 20 años de uso, pero todavía hay 56 mil (42 mil de ellos de servicio público) que están en mora de salir de circulación.

Este es un asunto de salud pública prioritario, en el que a los propietarios de vehículos viejos, que en su mayoría con familias de ingresos medios, hay que darles facilidades para el cambio, pero sin abandonar el propósito de lograr una flota de vehículos de carga y de transporte público que sea amigable con el ambiente.