Las dudas expuestas por el alcalde electo de Manizales, Carlos Mario Marín, y por su grupo de colaboradores en el empalme con la actual Administración municipal, sobre el proceso de licitación y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), llevaron al aplazamiento de la decisión, hasta que se aclaren algunos cuestionamientos sobre el asunto. A pesar del momento en que se presenta esta situación, a poco más de un mes de entregar el actual Gobierno, vale la pena esta decisión con el fin de que se mire con cabeza fría y se puedan tener las garantías suficientes sobre la obra y sobre la transparencia en los procesos contractuales. La adjudicación estaba definida para diciembre.
Las observaciones presentadas deben servir también para que los organismos de control se apersonen de la situación y realicen las investigaciones que permitan tener la tranquilidad sobre la que puede ser la más importante obra de los próximos años en Manizales. La inversión estimada es de 110 mil millones de pesos, de los cuales más del 50 por ciento saldrán de Aguas de Manizales. También aporta el Gobierno Nacional ($47 mil millones) y en menor proporción la Alcaldía ($13.500 millones) y Corpocaldas ($6.700 millones). De acuerdo con los diseños que se tienen hoy, la idea es construir la planta en el sector de Los Cámbulos, detrás de la Terminal de Transportes.
Entre las observaciones presentadas se encuentra que en la convocatoria fijada en la web no aparecían firmados los documentos y, lo más comprometedor, que a pesar de la importancia de la obra no solo para la calidad ambiental del agua en Manizales, sino por la cuantiosa inversión, apenas se cuenta un oferente. Al final termina siendo una licitación de uno, sobre las que tanto han cuestionado expertos en transparencia y la Lupa a la Contratación. Esto incumple con el principio de libre competencia, en la que se espera que haya diferentes oferentes para tener de dónde escoger la mejor propuesta, lo que se rompe cuando solo se cuenta con uno.
Otra reclamación es que en este tipo de obras se debe exigir al contratista que valide los diseños y los asuma en adelante, para evitar futuros contratiempos y sobre todo la falta de responsabilidad sobre cualquier imprevisto, algo que no sucede en este caso, aunque el alcalde, José Octavio Cardona, y el gerente de Aguas de Manizales, Alejandro Estrada, han insistido en la transparencia de todo el proceso, por lo que esperamos que si es así pronto se solucionarán los cuestionamientos.

Esperamos también que la Procuraduría y el Ministerio de Vivienda acompañen el proceso y que entienda que lo mejor es aclarar todas las dudas antes de que se generen situaciones que luego no tengan retorno. Son decisiones difíciles en lo administrativo, pero se requiere ser cautos cuando se prenden alarmas para verificar. Si todo está en condiciones, pues se continúa adelante lo más pronto y si no, se está a tiempo de tomar los correctivos apropiados. Eso sí, esperamos que se resuelvan pronto y que no se vaya a dilatar la decisión más de lo necesario. Hay que comenzar pronto con esta obra con el fin de proteger el río y para mejorar la calidad de vida de todos los manizaleños y de quienes se sirven del afluente. Esperemos que así sea.