El próximo 2 de mayo se cumplirán 18 años de la gran masacre de Bojayá, en la que murieron cerca de 100 personas incineradas en una iglesia, en medio de violentos choques entre guerrilleros y paramilitares. Pese a que se creyó que ese era un oscuro capítulo superado de la historia, lo que vemos es que hay en esa zona del Chocó una reactivación del conflicto que tiene de nuevo en medio del terror a los pobladores, que esperan la reacción contundente del Estado. Las causas de lo que allí ocurre son muy parecidas a las de hace dos décadas: esa región chocoana es estratégica como ruta del narcotráfico.
El líder social de Bojayá Leyner Palacios le ha puesto el pecho a la situación con denuncias concretas de lo que allí pasa. Eso motivó que los paramilitares que tienen sitiado el poblado lo amenazaran de muerte y que busquen, por diferentes canales, desmentir sus afirmaciones, tal vez para evitar que haya una respuesta del Estado que dañe sus planes. Los ilegales fuertemente armados estarían ubicados en diversos puntos de la zona rural, y con la intención de avanzar hasta el casco urbano para imponer allí sus condiciones.
Lo que no se explica Palacios, quien en el 2017 ganó el Premio Pluralismo Global por su lucha en favor de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano, es que en una región que ya cuenta con gran número de tropas del Ejército sean los civiles los que se percaten de lo que ocurre en materia de orden público, y que cuando se hacen las denuncias el Gobierno trate de minimizarlas, como ocurre con las versiones acerca del número de ilegales en la zona. Mientras que Palacio asegura que son 600 delincuentes la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirma que son 200.
Como sea, lo verificado es que esas estructuras paramilitares corresponden a facciones del Clan de Golfo o Autodefensas Gaitanistas, al mando de alias Monseñor, que circulan permanentemente entre Bojayá y Carmen del Darién, según información de inteligencia. A esa misma región se acercan desde hace algunos meses hombres del Eln que estaban antes en el Bajo Baudó, al sur del Chocó, y que buscan expandirse hacia el norte. En medio de esas dinámicas de guerra vuelve a estar Bojayá en medio, con un riesgo mayúsculo de ser de nuevo epicentro de las confrontaciones.
Los pobladores de Bojayá, que tanto han sufrido por la violencia, claman que el Estado haga presencia efectiva para contener a los ilegales que siembran el miedo y que, enfrascados en una lucha territorial ligada a negocios criminales, actúan en contra de los civiles sin ningún escrúpulo. El fantasma de la guerra está de regreso, y vuelven con él los recuerdos del dolor y de la desesperanza que les ha tocado sufrir, al punto de convertirse en símbolo de lo que no debería repetirse jamás en Colombia ni en ningún lugar de la Tierra.

Alertas de la Defensoría del Pueblo, emitidas desde hace un año, confirman que en esa región hay presencia de los grupos ilegales mencionados, los cuales en lugar de disminuir ante los controles militares se vienen incrementando. Saludamos que, ante las denuncias, el presidente Iván Duque se comprometa a desarrollar mejores operativos de seguridad allí, pero esa mayor presencia del Estado que se necesita no solo debe ser militar, sino sobre todo institucional, con estrategias claras para concretar el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que, como acuerdo municipal, debe atraer recursos nacionales para mejorar las condiciones sociales y económicas del municipio, y blindarse así en materia de seguridad.