El Clan del Golfo, la más grande banda criminal que delinque hoy en Colombia, se comprometió a que durante la actual temporada decembrina parará sus acciones violentas, según lo anunció en un video Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel". Es un buen anuncio, sin duda, pero lo que espera el país es que sus miembros se sometan a la justicia y que abandonen las actividades ilegales en las que concentran sus acciones. Desde hace unos meses las autoridades vienen asestando fuertes golpes en contra de esa estructura criminal, con varios de sus principales líderes capturados o abatidos en combate, con lo que ese grupo se ha ido debilitando.
La realidad, sin embargo, es que los negocios ilícitos alrededor del narcotráfico y la minería ilegal le han permitido a esa banda expandirse por todo el país y manejar millonarias sumas, con las que incluso han pretendido financiar acciones similares a las que en la década de los 80 del siglo pasado ejecutó el Cartel de Medellín, con su plan pistola para asesinar agentes de la Policía. El cese unilateral de esa banda criminal únicamente tiene sentido si viene acompañado de una pausa real en sus actividades ilícitas y en sus obstáculos a los planes de erradicación de coca que impulsa el Gobierno.
Como eso es poco probable, y tal vez lo que persiguen es tratar de bajarle el ritmo a las acciones militares que desarrolla la Fuerza Pública en su contra, no se puede caer en el error de bajar la guardia. Las operaciones de persecución tienen que continuar, porque no es posible pactar con este tipo de organización nada que se le parezca a un cese bilateral.
Desde luego que es bienvenido el gesto de parar el crimen, y tal vez pueda interpretarse como una expresión de voluntad de acogerse a la justicia colombiana, pero en ningún momento se les puede dar estatus político, y menos sentarse a negociar nada con ellos.
Está bien que el Gobierno analice mecanismos que faciliten el sometimiento masivo de los miembros de estas organizaciones, como se ha estudiado en el Ministerio de Justicia, ya que entre menos focos de violencia se tengan en el país más fácil será avanzar en la tarea de construir paz en los territorios y cerrar por fin el círculo vicioso del crimen y la violencia que ha sufrido Colombia por décadas. Sin embargo, tampoco podemos ser ilusos, y comprender que siempre habrá disidencias, como ocurre con las Farc, a las cuales el Estado tiene que seguir persiguiendo con toda energía.
En este mismo sentido, resulta muy coherente que el Gobierno haya tomado la determinación de extraditar a los Estados Unidos a Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario", quien fue capturado hace algunos años acusado de narcotráfico y otros delitos conexos. Así se demuestra que los criminales que terminen capturados recibirán todo el peso de la ley, pero que si hay un sometimiento y un compromiso de no volver a delinquir pueden recibir un tratamiento menos drástico.

Tampoco pueden olvidar los miembros de esas bandas que en los tres meses recientes han sido abatidos dos importantes cabecillas de esa estructura criminal, como alias "Gavilán" y alias "Inglaterra", además de la captura de muchos otros líderes en distintas zonas del país, y que si no se entregan rápido, muy pronto podrían estar totalmente derrotados, sin la posibilidad de alcanzar algún beneficio de pena.