En agosto del año pasado LA PATRIA denunció que campesinos de zonas rurales del municipio de Samaná, en el oriente del departamento de Caldas, estaban muy preocupados por el que sería el regreso de criminales a la zona que estaban dedicando terrenos a la siembra de matas de coca.
Este medio no solo denunció lo dicho por la comunidad, sino que periodistas de esta casa editorial se desplazaron a la región, donde pudieron corroborar que no solo había nuevos cultivos de ese tipo (unas 30 mil matas), sino que incluso había algunas instalaciones en las que, al parecer, se pretendía hacer el procesamiento para obtener cocaína.
En su momento hubo negación de las autoridades regionales acerca de la certeza de esa denuncia, aunque al final el entonces secretario de Gobierno de Caldas debió admitir que era cierto lo dicho por este diario, y aunque muy a regañadientes luego informó de los hallazgos y de los operativos para erradicar esos cultivos.
Ahora, cerca de 10 meses después de aquellos hechos, en una operación especial funcionarios del CTI de Caldas y tropas del Batallón Ayacucho encontraron una plantación de 6.880 matas de coca, las cuales fueron erradicadas en la selva de Florencia, muy cerca de las anteriores plantaciones. Además, allí había una especie de rústico laboratorio de procesamiento.
En el caso del año pasado se pudo establecer que, al parecer, los propietarios de esos cultivos ilícitos eran paramilitares desmovilizados del Magdalena Medio; actualmente se investiga si la de ahora es una especie de reincidencia en el ilícito de los mismos personajes que tuvieron dominio en el pasado, cuando conformaban las AUC al mando de Ramón Isaza. Como no hubo capturas, las investigaciones para llegar a los responsables continúan.
Desde el Estado deben desplegarse todas las acciones necesarias para proteger a quienes están en riesgo por este tipo de situaciones, que nos recuerdan cómo se fortaleció el conflicto armado en esa región de Caldas a finales de la década de los 90 y principios de este siglo. No se le prestó, en aquella época, la atención que requería el problema, y cuando se quiso intervenir ya el dominio de guerrilleros y paramilitares era total.
Por eso, celebramos que las autoridades estén atentas a lo que allí pasa y que se evite que estos cultivos puedan volverse a consolidar. Lo que hay que hacer es acompañar más a las comunidades, generar confianza y lograr que se mantengan firmes en denunciar la posible presencia de criminales y mafias que quieran volver a sus andadas en esa región del departamento.

También hay que ofrecerles a los pobladores de la zona alternativas productivas rentables, que sirvan para su manutención, pero también para comercializar de manera adecuada. En la medida en que la presencia del Estado sea real y no solo se limite a las acciones militares, las comunidades van a procurar evitar que los delincuentes puedan tomar ventaja. Es momento clave para fortalecer esta presencia y cerrarle el paso a la posibilidad del regreso de la violencia.