El acuerdo logrado entre 32 rectores de universidades públicas de Colombia y el Gobierno Nacional para asegurar la financiación de la educación superior durante los próximos cuatro años es bueno, y debería conducir a que las clases se reactiven de inmediato. El hecho de que no hubieran invitado a representantes de los estudiantes a la reunión en la que se lograron los acuerdos, si bien puede ser una falta de cálculo político, no demerita el compromiso del Gobierno para empezar a solucionar los problemas financieros de las universidades públicas.
En la reunión del viernes pasado quedó definido que, además de recursos para lo básico en funcionamiento en las universidades públicas, se fortalecerá la infraestructura y la inversión hasta el 2022. El logro es, sin duda, importante y toda la comunidad académica debería tener en cuenta que es un avance que requirió negociaciones complejas, por lo que insistir en que lo hecho por los rectores no vale es una equivocación que puede terminar afectando de manera grave a los estudiantes, que son los que tendrán que acortar sus vacaciones para poder compensar todo el tiempo perdido en un paro que ya cumplió con obtener respuestas de fondo.
Quedó definido que para funcionamiento y planta docente, el Gobierno entregará $500 mil millones adicionales a las 61 instituciones públicas técnicas, tecnológicas y universitarias, a lo que se suma que las transferencias de la Nación para el funcionamiento de la Educación Superior crecerán 3 puntos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2019 y 4 puntos del IPC para 2020, 2021 y 2022. Además, desde el año entrante se incorporarán otros recursos para inversión provenientes de excedentes de cooperativas y de regalías, lo que aseguraría que en el cuatrienio se cuente con recursos suficientes para atender las principales necesidades de las universidades públicas.
Los estudiantes piden compromisos inmediatos por $3,2 billones y que se cubra el déficit que se tiene con las instituciones técnicas y tecnológicas, lo que resulta complicado bajo las condiciones fiscales actuales. Lo alcanzado por los rectores está muy cerca de esa meta, y solo habría que ser pacientes y persistentes en los reclamos para que se logre cristalizar lo pedido, pero sin poner en riesgo la culminación del semestre. Por eso, invitamos a los profesores y a los estudiantes para que vuelvan a las actividades académicas cuanto antes.
La llamada movilización zombie de hoy tiene mucho de pintoresco, por coincidir con el Halloween, pero no es la solución para las universidades públicas. Las discusiones alrededor de la educación superior se pueden mantener abiertas, pero sin sacrificar tiempo valioso, además porque los paros como este en lugar de remediar las crisis pueden hacer que los costos para las universidades terminen incrementándose, yendo en contravía de los objetivos propuestos. Ojalá que se tome consciencia y retorne la normalidad.

Es claro que el acuerdo con los rectores es apenas el primer paso para seguir trabajando en torno al fortalecimiento de la educación superior. Lo que debe hacerse es establecer escenarios de reflexión permanente mediante los cuales se pueda seguir avanzando en la consecución de los recursos que faltan para cubrir las necesidades pendientes, o incluso lograr que se modifique la Ley 30 de 1992 y se pueda establecer una mejor fórmula de financiación hacia el futuro. Sin embargo, tratar de lograrlo todo ya mismo es difícil y no ayuda a la búsqueda real de soluciones que fortalezcan las universidades en el mediano y largo plazo.