La masacre del pasado domingo en Suárez (Cauca), en la que murieron seis personas, entre ellas Karina García Sierra, candidata liberal para la alcaldía de ese municipio, es la expresión de una campaña polarizada en la que, infortunadamente, los índices de violencia vienen creciendo en forma preocupante. La gravedad de lo que ocurre actualmente se evidencia en que, como lo reveló la Misión de Observación Electoral (MOE), a falta de cerca de ocho semanas para el día de las elecciones ya se igualaron las cifras fatales de hace cuatro años, por lo que es innegable el deterioro del ambiente político en Colombia.
Inclusive en las elecciones para Congreso y Presidencia de la República, celebradas el año pasado, reinó la tranquilidad en términos generales, sin que la vida de la enorme mayoría de aspirantes se viera en peligro. En hechos como este se refleja el beneficio que, en su momento, le trajo al país la expectativa del proceso de paz con las Farc y la firma de los acuerdos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que de manera simultánea a la etapa final de los diálogos se incrementaron los asesinatos de líderes sociales, así como el crecimiento de fenómenos como la siembra de coca, que al lado de la minería ilegal son los mayores generadores de violencia en distintas zonas del país.
Las estadísticas de la MOE hablan de cinco asesinatos de candidatos, pero también de 19 amenazas y 15 secuestros. Los afectados han sido 12 aspirantes a alcaldías, nueve a concejos, uno a gobernación y otro a asamblea departamental. Los casos más preocupantes están en Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Risaralda, Sucre y Cauca.
Estamos volviendo al ambiente enrarecido de las elecciones de la década pasada, pese a la reciente firma de un acuerdo para evitar la violencia en las campañas políticas de Colombia, respaldada por 12 partidos. Además, pulula la propaganda negra y las noticias falsas alrededor de las campañas políticas, lo que apunta a generar sentimientos de temor y odio que fabrican condiciones para la agresión verbal y física. Todo esto se traduce en los hechos de violencia que ahora tanto preocupan. Por eso, hay que reiterar el llamado a que los partidos se comprometan a no ser generadores de violencias que nos lleven al retroceso.
Además, los ciudadanos no se deben dejar llevar por las pasiones políticas, que pueden desembocar en hechos lamentables, y sobre todo hay que fortalecer la denuncia concreta de las manipulaciones y manejos irregulares que se hagan desde algunas campañas para desprestigiar a sus contendores con base en datos cuestionables. Resulta evidente que en esta ocasión grupos criminales dedicados al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y demás actividades ilícitas quieren influir en las elecciones. En eso el Estado debe hacer una seria intervención, y evitar que algunas regiones queden a manos de los delincuentes; el ataque frontal contra las mafias tiene que ser enérgico y efectivo. Está en juego la democracia.

No podemos dejar que revivan los fantasmas del pasado. Con Iván Márquez y su banda en el escenario es necesario afinar la estrategia militar de control de los territorios, pero sobre todo una presencia institucional que brinde confianza a las comunidades y las proteja de los abusos de quienes usan la violencia como negocio. En ese sentido quedan en el aire varias preguntas acerca de las advertencias que había hecho la líder del municipio de Suárez acerca del riesgo que corría, sin que se le prestara atención a sus súplicas de protección.