El sistema de visado que otorgan los países es principalmente para el control migratorio, pero los Estados Unidos han hecho de este documento una oportunidad para presionar a funcionarios y gobiernos como premio o castigo a su labor, que generalmente se evalúa de acuerdo con los servicios que haya prestado a los intereses del país norteamericano y no porque hubieran actuado en favor de su propia nación, a la que se deben. Por este motivo nos parece muy peligroso y es oportuno rechazar lo que viene aconteciendo con las altas cortes y con congresistas, pues varios de sus miembros han sido notificados de que les cancelaron este documento sin que medie en ello justificación alguna distinta a expresar pensamientos contrarios a los del Departamento de Estado norteamericano.
Es, por decir lo menos, oprobioso que los Estados Unidos actúen de esta manera con un país que ha sido su aliado siempre. Al hacerlo, se comporta como imperio y no como el cooperante que se dice ser, lo que genera en los colombianos un clima de rechazo por una actitud a todas luces injusta y que raya en la intromisión en los asuntos internos de Colombia, por lo que afecta la dignidad de nuestro pueblo.
La ventaja del derecho es que no permite actuar por ideología. Se toman decisiones con base en las pruebas recopiladas y la interpretación se ampara en estas y en las normas, por eso no se puede juzgar contraviniendo lo que obra en el expediente. Así que si un magistrado falla a favor o en contra de un tema, está haciendo uso de una función para la que fue nombrado. Por esto esperamos que las decisiones tomadas por los Estados Unidos no afecten el buen juicio de los magistrados, que no se dejen presionar de ninguna forma y que decidan con liberalidad frente a las decisiones que están en ciernes como la del uso del glifosato, las objeciones del Gobierno a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la extradición, entre otros.
Es necesario que se mantenga la majestad de la justicia y que se entienda su importancia dentro de una democracia. Es obvio que una injerencia similar no se le ocurriría al Ejecutivo del gigante norteamericano con algunos de sus jueces, porque sería un escándalo de marca mayor, pues precisamente la separación de poderes es la que mantiene incólume la democracia. El Gobierno nacional ha sido muy tibio en la reacción por tratar de llevar las cosas por las buenas. Incluso ha logrado que se reverse la medida de quitado de visa a algunos magistrados, pero valdría la pena que dejara clara su posición con este tema, porque lo que hay aquí es un irrespeto con dignatarios que solo cumplen con sus responsabilidades.

Es indudable que es potestad de un Estado permitir el ingreso de extranjeros y eso está claro, pero lo que no puede admitirse es que se use el instrumento de visado como un arma para premiar o castigar a quienes piensan distinto, es una forma de presión indebida. Por este motivo esperamos que el Ministerio de Relaciones de Colombia y la Embajada de los Estados Unidos logren regresar estas decisiones y se vuelva al estado de las cosas, porque de lo contrario se van a generar todo tipo de prevenciones entre dos países que necesitan trabajar de manera concertada en muchos frentes.