Hace 20 meses que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Manizales fue aprobado, y estamos a solo nueve meses de que la actual alcaldía de Octavio Cardona llegue a su fin. No obstante, hoy puede afirmarse que dicho documento, vital para el desarrollo local y regional, no comienza a ser aplicado por razones que no resultan satisfactorias en sus explicaciones, hechas por funcionarios del gobierno municipal. Se afirma que este POT tendrá vigencia por 12 años, pero la realidad es que al no estar plenamente reglamentado y necesitar por lo menos un año más para que entre en vigencia, tendrá menos de una década de validez.
Desde administraciones anteriores se desarrolló un arduo trabajo para estructurar un POT que se ajustara a los nuevos tiempos, pero durante el gobierno del exalcalde Jorge Eduardo Rojas se hundió casi que en el último minuto, pese a considerarse que estaba bien elaborado, en general. Llegó Cardona, quien afirmó que solo se harían unos ajustes pequeños al documento existente para cumplir con requerimientos de todos los sectores y que el resultado sería un mejor POT. Sin embargo, pasó cerca de año y medio de la actual alcaldía para que fuera aprobado, sin estar exento de polémicas.
Ahora bien, no resulta coherente que después de tanto esfuerzo ante la ciudadanía manizaleña y el Concejo para sacar adelante un plan esencial para el futuro de la capital caldense hoy solo 7 de 18 puntos estén reglamentados y que otros 11 estén en el limbo. Al no darse este paso el POT nuevo no existe en la práctica, o solo existe en un porcentaje mínimo. Además, si la mayoría de los plazos (que esta misma administración se puso) se vencieron en agosto del año pasado, es sorprendente que apenas ahora se pida el consentimiento del Concejo para lograr nuevas fechas para entregar la tarea.
Salta a la vista que, paradójicamente, en la puesta en marcha de la principal directriz de planificación de la ciudad hay deficiencia evidente de planeación. ¿Cómo se entiende que la misma administración fije plazos para la implementación, y que un semestre después de haberse vencido se soliciten al Concejo nuevos plazos? ¿Cómo explicar la confusión acerca de si antes de ir al Concejo esa propuesta debió ir al órgano consultivo, es decir, al Consejo Territorial de Planeación? Como en el dicho popular: mataron al tigre y se asustaron con el cuero. Si no hubo imprevisión, tal vez pueda llamársele negligencia a lo ocurrido con el POT. Hay 7 de los 11 temas pendientes que se reglamentan por vía de decreto, lo que deja ver la paquidermia injustificada con la que ha actuado la Administración Municipal.
Se afirma que el problema tiene sus raíces en la falta de recursos humanos y financieros para ejecutar la implementación, pero ese era un asunto previsible desde el mismo momento en que se aprobó el POT. Incluso, fue advertido por la Contraloría. Además, un asunto como el cobro de plusvalía, que se vendió como una oportunidad para que al Municipio llegaran cerca de $200 mil millones nuevos, tendría que haber tenido prioridad.
El hecho de que una licitación para escoger al contratista que seleccionara los predios afectados se hubiera declarado desierta, no es óbice para haber dejado pasar tanto tiempo sin avanzar. La ciudad está dejando de recibir una cantidad significativa de recursos por esta causa. Además, volver a poner en discusión temas tan sensibles en el Concejo, en plena campaña política, se presta para todo tipo de presiones que podrían llevar a que no se concrete este año la implementación del POT, algo muy delicado.
