Para mañana está prevista en Colombia una jornada de protesta para la que el Gobierno Nacional viene preparándose, ya que hay la creencia de que será masiva en las distintas ciudades del país, y existen temores ante la posibilidad de que la tranquilidad se vea rota e imperen los desmanes. Es una prevención lógica, tomando en cuenta que en anteriores manifestaciones, especialmente en Bogotá, los vándalos han aparecido causando daño a bienes públicos y privados, sin control alguno.
Las motivaciones de las marchas están enmarcadas por algunas afirmaciones que vale la pena revisar. Es cierto que hay problemas estructurales que repercuten en realidades como las desigualdades sociales, la economía informal, el desempleo, la incertidumbre pensional, la violencia contra líderes sociales y toda una serie de hechos que deben ser prioridad de un gobierno para hallar las soluciones y la paz social. No obstante, argumentar que reformas laborales y pensionales que irían supuestamente en contra del pueblo colombiano (cuando ni siquiera el Gobierno las ha presentado ante el Congreso de la República), es hablar con verdades a medias que son improcedentes. Sobre estas reformas, que son necesarias, es que debe existir una amplia discusión para sacarlas adelante.
Como en toda protesta, se nota un claro trasfondo político y un pulso de poder con quien tiene el mando. Es verdad que al presidente Iván Duque le ha costado sintonizarse con los problemas del país y con los anhelos de la gente, que su espejo retrovisor no le ha permitido avanzar más rápido y con determinación en asuntos fundamentales, como la construcción de paz entre los colombianos, lo que lo ha llevado a tener una baja calificación entre la opinión pública. Sin embargo, no podemos seguir en la trampa de las polarizaciones y radicalismos que nos han planteado.
Desde luego que el país debe ponerse en la tarea de hacer grandes reformas en diversos aspectos, empezando por el sistema de justicia y el ejercicio de la política, hasta en asuntos de profundidades económicas y sociales alrededor del empleo, las pensiones, el agro, el medioambiente y demás preocupaciones del ciudadano de a pie. No puede ser que hablar de reformas en esos ámbitos sea vendido como argumento para la protesta. Justamente eso es lo que hay que pedir, que se impulsen reformas en todos los aspectos que requieren cambios estructurales, y que los remedios aplicados no sean producto de manifestaciones violentas, sino del diálogo social civilizado.
Desde el partido de gobierno y desde el mismo Ejecutivo hay temores de lo que pueda ocurrir mañana, debido a los ejemplos de Ecuador y Chile, e incluso Bolivia, donde la presión ciudadana sacó a un presidente. Ahora bien, esas mismas prevenciones se han encargado de fortalecer una movilización social que desde hace varias semanas se había promovido como una más de las cerca de 15 que se han dado en el país desde la posesión de Duque, pero que ahora se vende como la madre de las marchas. 

Como es posible que sea en realidad una enorme protesta social, y ante la pertinencia innegable de varios de los temas para los que se convoca, los mismos organizadores tienen la responsabilidad de evitar que se caiga en vandalismos y violencia. Ellos mismos son los que deben denunciar a los infiltrados que quieran imponer la violencia, y garantizar que sean protestas pacíficas que no pierdan su legitimidad. Inclusive, deberían abogar para que de ahora en adelante, en lugar de causar bloqueos de vías e incomodidades, todos los problemas que requieran soluciones eficientes desde el Estado encuentren en los mecanismos del diálogo abierto y franco los remedios que el país necesita.