La Ley 80 de Contratación Pública fija límites a las adiciones presupuestales en los contratos, y así fuera legal hacerlo, la verdad es que incrementar sus costos en sumas por encima del 50% de lo pactado originalmente es, por lo menos, reflejo de mala planeación. La Lupa a la Contratación de la Corporación Cívica de Caldas y LA PATRIA, al revisar todas las adiciones hechas por la Administración municipal en la pasada Administración encontró con que de 376 contratos adicionados en ese periodo, de los 3.272 firmados, 11 costaron más del 50% de lo previsto y alguno llegó incluso a terminar costando casi el doble de lo que inicialmente se había estipulado.
La deficiente contratación estatal, en plazos y en montos, es con frecuencia fuente de corrupción o de sobrecostos que podrían ser evitables. Planear es requisito sine qua non de la buena administración pública y precisamente permite que las ejecuciones se hagan más ajustadas. Una cosa es que por un imprevisto se tenga que adicionar algún contrato y otra muy distinta que por estimaciones ligeras termine costando valores muy por encima de lo planteado inicialmente. Para la muestra, la Clínica de Mascotas que sigue sin poderse terminar y sin mucha claridad de cuánto va a costarle al erario finalmente.
El exalcalde Octavio Cardona manifiesta que los contratos los firman otros y que no le correspondía a él estar pendiente de la minucia. En muchos casos eso puede ser cierto, pues el monto de la contratación es cuantioso en un ente como el Municipio de Manizales, pero conociendo el estilo de su Gobierno, muchas de esas adiciones han debido ser de su conocimiento. En todo caso, la delegación de quienes ejercen el poder ejecutivo no puede ser para evadir responsabilidades, estas siempre están en la cabeza del alcalde. 
Los organismos de control deben ser celosos y cuidadosos con toda contratación estatal, para eso están, por lo que deben determinar si aquí hubo errores en los diseños y planeación de los contratos o si hubo situaciones más graves. Los presupuestos deben corresponder a ejercicios muy juiciosos y profesionales de cálculo, no simples estimativos. Hay que ser previsivos y ajustarse a lo planteado inicialmente evita muchos dolores de cabeza posteriores. Además, hay que ser muy exigentes en las condiciones profesionales de la persona a quien se contrata. Ojalá este informe publicado por el periódico sirva para llamar la atención de otras administraciones y sean más rigurosos a la hora de planear el uso de los recursos públicos.

La contratación pública tiene requisitos que no buscan nada distinto a la probidad en el manejo de los recursos. En un momento tan crítico como el que viven casi todos los países por cuenta de la covid-19, del que no es ajeno Colombia y menos nuestra región, bien se requiere justamente que la transparencia en el manejo de la cosa pública se recupere para devolverles la confianza a los ciudadanos y que sepamos que todo peso debe cuidarse porque nos va a hacer falta en los próximos años. La planeación contractual debe ser regla y esperamos que así obren los administradores públicos.