Las cuentas pendientes por pagar a las clínicas y hospitales en el país bordean los $7,5 billones, de acuerdo con los cálculos del Gobierno Nacional, en lo que respecta al Régimen Subsidiado de salud. Para atacar ese enorme problema se acaba de presentar la estrategia Acuerdo de Punto Final para sanear esas y evitar que los obstáculos financieros entorpezcan la prestación óptima de los servicios a millones de colombianos. La iniciativa está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y en una primera etapa se ocupará de cubrir cuentas por cerca de $700 mil millones.
El presidente Iván Duque se comprometió a conseguir los recursos, incluyendo el endeudamiento, con el propósito de que la red hospitalaria funcione sin alteraciones e impedir que los pacientes sufran con atenciones inoportunas o de baja calidad. Para lograr este impacto positivo se piensa cubrir 692 IPS y 669 hospitales en todo el país, de tal manera que los recursos que lleguen puedan ser utilizados para garantizar que la atención de sus usuarios se prestará sin trabas y de buena manera.
Para las instituciones de salud este es un alivio significativo, ya que tales dineros eran considerados como perdidos por muchas de ellas. Por lo mismo, lo ideal es que sean utilizados para mejorar los servicios y que, de esa manera, los ciudadanos se beneficien con este Acuerdo, el cual debe garantizar que hacia adelante se pondrán al día las cuentas para nunca más volver a caer en los pagos atrasados. Lastimosamente los intentos del pasado se convirtieron en un círculo vicioso, que en lugar de asegurar soluciones profundizaron los problemas. Punto final es un nombre demasiado contundente como para que se quede a mitad de camino.
Es sano, así mismo, el anuncio de poner topes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y orden a los servicios que están por fuera de esa medida, con el fin de evitar despilfarros y manejos inadecuados de los recursos. Que existan valores máximos de recobro también tiene que ayudar a que no se eleven las tarifas más allá de lo real, y que con ello sea posible llegar a más pacientes con mejores servicios a costos racionales. Debemos entender que, en buena medida, el problema de las cuentas y su volumen está en los sobrecostos que se hacen para tratar de amortiguar las consecuencias de las demoras en los pagos. Si los pagos son oportunos, los costos tienen que ser menores hacia el futuro.
Ahora bien, si una clínica o un hospital tiene una cartera muy alta, su liquidez se verá afectada, y la consecuencia natural es que su eficiencia y los pagos de su operación, incluidos los salarios de su personal, se comprometan. Por eso, si las cuentas son saneadas, la relación entre la Nación y las IPS en todas las regiones del país debe mejorar y con ello los servicios prestados a los pacientes. Igual deberíamos esperar que ocurra en el Régimen Contributivo, en el que también hay tensiones por los pagos, aunque en una proporción menor. Lo ideal es que los tiempos entre cruces de cuentas se manejen como en cualquier relación comercial, más aún si en medio está un derecho fundamental como la salud.

Adicionalmente, todos los actores del sistema deben reflexionar acerca del modelo que se está manejando en Colombia, donde hay prelación por lo curativo, cuando el enfoque principal debería ser la prevención. Este cambio no solo ayudaría a bajar los altísimos costos de los tratamientos, sino que garantizaría que la población en general esté más sana y con un mayor bienestar.