Cerca de 130 personas, entre las que se cuentan líderes sociales y periodistas de medios nacionales y extranjeros fueron objetos de seguimientos el año pasado, a todas luces ilegales, de inteligencia militar. La denuncia, publicada por Semana, evidencia que las exhaustivas investigaciones que se han ordenado en el pasado para identificar a los responsables de estos crímenes que atentan contra derechos fundamentales, nunca han logrado siquiera despegar. Eso se convierte en estímulo para que los delincuentes que se esconden detrás de estas fachadas de inteligencia y contrainteligencia lo sigan haciendo sin mayores temores a ser descubiertos.
Voces de todos los sectores han condenado esta situación irregular y no es para menos; se necesita que esta vez no haya nuevas cortinas de humo, ni más evasivas, y que el país entienda de una vez por todas la gravedad de estas conductas que abusan del poder y pueden convertirse en sentencia de muerte para esas personas. No podemos olvidar que en la primera década de este siglo ese tipo de acciones, impulsadas desde el desaparecido DAS, sirvieron para que paramilitares asesinaran inocentes, simplemente, por ejercer el derecho a la libre expresión.
Cuando la inteligencia militar debería usarse para filtrar mafias, hacerles seguimiento a delincuentes y esclarecer graves crímenes, observamos que se sigue usando como arma política y herramienta antidemocrática. Nos unimos al clamor de periodistas de todo el mundo y de organizaciones de prensa que exigen una vez más que haya explicaciones diáfanas acerca de las razones de estos espionajes desde el mismo Ejército, institución que debería protegerlos y garantizar sus libertades. Valoramos que el propio presidente Iván Duque rechace estos actos y los considere inadmisibles, pero no podemos volver a quedarnos en eso: hay que avanzar hacia los responsables y sus respectivos castigos reales; se necesita toda la verdad.
Hay muchas preguntas que deben ser resueltas. ¿Quién ordenó esos seguimientos? ¿A quién o a quiénes llegaba la información producto del espionaje? ¿Cuál es el objetivo de esos llamados perfilamientos, que solo son un eufemismo de las vulgares chuzadas? ¿Los estadounidenses sabían que fondos de cooperación de ese país eran usados para estas acciones criminales? ¿Cuál es el control que se tiene desde la Casa de Nariño a los organismos de inteligencia y contrainteligencia, o son ruedas sueltas que hacen y deshacen? La realidad es que más que perfiles había vigilancia descarada a personas que, de ninguna manera, pueden ser estigmatizadas y menos ser consideradas amenazas a la seguridad nacional.
Lamentamos que comunicadores de esta región se encuentren en esa lista, al lado de muchos otros colombianos y extranjeros que dedican su vida solo al encomiable oficio de informar y servir a la sociedad. Hace bien la Comisión de la Verdad en pedirle al Ministerio de Defensa que le entregue los documentos sobre esta operación irregular de espionaje desde el Ejército. Llegar al fondo del asunto no puede quedarse en el discurso, debe ser un imperativo con resultados, y con garantía de no repetición.