Hasta el 26 de enero del 2020 la plataforma Uber podrá funcionar en los celulares de los colombianos. A partir de ese momento, los operadores de telefonía móvil en el país tendrán que acatar la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de suspender la transmisión de datos a esa aplicación, con lo que ya no será posible que quienes acostumbran utilizar este servicio puedan hacerlo en la manera en que lo vienen haciendo. La determinación de la SIC es producto de una demanda surgida en el interior del gremio de los taxistas, quienes se consideran perjudicados por el auge de esta tecnología. La demanda fue por competencia desleal.
Lo cierto del caso es que, además de Uber, hay otras aplicaciones como Beat, Didi y Cabify, que funcionan de manera similar y que, seguramente, serán objeto de demandas parecidas en el intento de tratar de sacarlas del mercado. No obstante, ese es un camino equivocado, ya que en un mundo en el que cada vez hay mayores posibilidades de crear nuevas tecnologías que impacten de manera positiva en la calidad de vida de las personas, la opción de cerrarle posibilidades al desarrollo no es la adecuada.
Si el gremio de los taxistas ve en estas aplicaciones una amenaza para ellos, lo que tienen que hacer es mejorar bastante el servicio, hacerlo más confiable y seguro, y garantizar que los usuarios opten libremente por seguir haciendo uso de sus vehículos. Es en la libre competencia en la que deben tomarse las decisiones, y en el mundo moderno en el que las tecnologías no pueden ser bloqueadas sin argumentos que demuestren el perjuicio que causan a la sociedad, no se puede ir en contra de la corriente. Lo apropiado en este caso es reglamentar, con el único propósito de que los usuarios estén cada vez más satisfechos y bien atendidos.
Si bien hay casos como el de Manizales, donde estas plataformas no han ingresado, ese fenómeno corresponde más a un efecto del mercado que a una determinación artificial para evitar su ingreso. Es el buen servicio, en general, que prestan sus taxistas y el buen estado de los vehículos lo que de manera natural y espontánea lleva a los usuarios a seguirlos usando sin acudir a las plataformas digitales. Lo que deberían hacer los taxistas en todos los rincones de Colombia es esforzarse por tener un servicio de alta calidad y conductores que transmitan esa confianza y seguridad de las que carecen en muchos casos.
El camino de solución, por tanto, debe ser reglar del uso de esta plataforma en Colombia, sin caer en las restricciones que van en contra de los derechos a la libre empresa, la libre competencia y la neutralidad de la red, que es un principio internacional (ratificado en una ley colombiana) que prevé que los operadores de telecomunicaciones deben tratar todo el tráfico en internet de forma no discriminatoria. Una reglamentación adecuada debe apuntar a que los usuarios tengan la posibilidad de escoger libremente qué servicio utilizar, sin que haya desequilibrios en las garantías que debe brindar el Estado y velando por los intereses y garantías laborales para los conductores de los vehículos, tanto de Uber como del gremio de taxistas.

Ante la apelación presentada por Uber será el Tribunal Superior de Bogotá el que establezca si queda en firme o no el fallo administrativo y la decisión de la SIC. Como sea, se requiere que el Gobierno Nacional fije reglas claras para el ejercicio de todos los sistemas de movilidad que se puedan tener en nuestras ciudades.