Los soldados Nicolás Vargas Mejía, de Anserma (Caldas); Juan Pablo Titistar López, de Imues (Nariño); Yeison David Valencia Valencia, de Cajibío (Cauca); Yorlin Valencia Angulo, de Tumaco (Nariño); Juan Gabriel Sevillano Grueso, de Tumaco (Nariño), y Jhon Manuel Valencia Cortés, de Tumaco (Nariño), son las nuevas víctimas de una guerra que, como dice la periodista María Teresa Ronderos, corresponde a fenómenos que a lo largo de la historia colombiana se reciclan; solo cambian algunos de los motivos y los protagonistas, pero siguen siendo los mismos fenómenos de violencia y muerte.
Estos militares fueron emboscados, de manera cobarde, por un grupo de disidencias de las Farc, esas a las que no les sirvió el ofrecimiento que les hizo el Estado colombiano, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, para dejar las armas y obtener los beneficios de una justicia transicional, bajo el compromiso de transformarse en constructores de paz. Los hechos ocurrieron en zona rural de La Macarena (Meta), cuando los miembros del Ejército patrullaban en esa región, cumpliendo su deber de proteger a los colombianos. Además de los seis soldados muertos, entre ellos un caldense, ocho más quedaron heridos.
Hacía un buen tiempo que no se producía un ataque de esta magnitud en contra de las fuerzas militares, pero con ello se evidencia que el conflicto armado sigue vivo y que los correctivos aplicados tienen fisuras aún muy complejas, que no han sido cerradas de manera efectiva. Hay que revisar las estrategias que se están usando en contra de los grupos armados ilegales, para blindarse de situaciones tan dolorosas como esta.
El hecho más reciente en el que una gran cantidad de uniformados fueron víctimas de atentados, fue el infortunado ataque del Eln a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, en el que murieron 22 personas y quedaron heridas otras 68, la mayoría de ellas policías en formación. También hay que recordar que en abril del 2018 fueron hombres del Clan del Golfo los que asesinaron a 8 policías en una emboscada en el caserío El Tomate, entre San Pedro de Urabá y Arboletes, en límites de Antioquia y Córdoba.
No queremos que estos hechos trágicos se repitan, ni más guerras recicladas, hay que encontrar las formas para que los soldados ni los civiles sigan muriendo de manera absurda. Para ello también es fundamental proteger a los desmovilizados que vienen caminando por nuevos caminos, positivos para Colombia, hay que cuidar con mayor esmero a los líderes sociales que sin armas se enfrentan a los ilegales en las regiones, hay que acelerar el paso en la implementación del acuerdo de paz, ya que en la medida en que todo lo pactado allí se cumpla de manera exitosa se les cae el piso a los violentos que solo viven para la violencia.

A la par de la contundencia militar en campo en contra de esas bandas criminales, para capturar a sus miembros y judicializarlos, pero sobre todo para acabar con sus prácticas de narcotráfico, minería ilegal, extorsión y demás acciones mafiosas, el Estado debe lograr más presencia institucional y acompañamiento a las comunidades que están en medio de un conflicto que se resiste a morir.