ora son vedados para los ciudadanos del común, quienes se exponen a sufrir toda clase de ataques de bandas organizadas que mandan en esos territorios. El asesinato de la pareja de ambientalistas bogotanos Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve en La Guajira, así como el asesinato de la líder nariñense Lucy Villareal, y las amenazas a otros líderes en diversos puntos del país, evidencian que hay un deterioro al que se le debe hacer frente.
En el caso de la pareja asesinada en el norte del país hay diversas hipótesis, que van desde haber sido víctimas de un atraco a terminar muertos por el solo hecho de ser ambientalistas. Estas y otras conjeturas están por investigarse. Aunque hay cuatro personas detenidas que estarían vinculadas al crimen, hay demasiadas sombras acerca de la verdad de lo ocurrido. Lo que sí es claro es que comunidades del sector y otras voces en Colombia confirman que en esa zona, desde hace un tiempo, toman auge bandas afines a los grupos paramilitares del pasado, que infunden terror en toda la zona alrededor del Parque Nacional Tayrona, donde reinan hoy las economías ilegales.
La fuerza pública en esa región se ha quedado corta en el control de los corredores estratégicos para las economías ilícitas, protagonizadas por grupos como los Pachenca (herederos del exparamilitar Hernán Giraldo) y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas, quienes imponen sus condiciones ante la ausencia del Estado. Desde abril pasado a la fecha la Defensoría del Pueblo ha emitido tres alertas tempranas acerca de los riesgos para los habitantes del norte del Cesar, sur de La Guajira y oriente del Magdalena por las acciones de bandas dedicadas a ilícitos de toda clase. La respuesta gubernamental ha sido, prácticamente, nula. 
Más preocupante aún es lo acontecido con el asesinato de la señora Villareal, quien según sus familiares no había recibido amenazas. Su trabajo con los niños y jóvenes del municipio de Llorente giraba en torno a la lúdica y labores comunitarias que eran muy valoradas por quienes recibían su apoyo. Para toda esa zona del sur del país las comunidades claman, desde hace mucho tiempo, más presencia de las instituciones del Estado, ante la arremetida inclemente de organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico y la minería ilegal, y ven en cualquier ciudadano que pretenda oponerse a sus turbios negocios un objetivo para eliminar.
Ayer mismo, en Jamundí (Valle del Cauca), se conoció de las amenazas a la líder Lina Tabares, quien no solo ha sobrevivido a dos atentados, sino que es objeto de intimidaciones por ser acompañante en procesos de restitución de tierra y testigo en un caso de presunto falso positivo del Ejército contra un joven indígena en ese municipio. Son numerosos los líderes que viven esta angustia permanente en todo Colombia, tal y como lo reseña un reciente informe de Usaid, el Centro Nacional de Consultoría y de la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes). Es una situación que debe controlarse de una vez por todas.

Ante esta realidad, el Gobierno Nacional anunció una política pública de protección, correspondiente a un Conpes para defensores de derechos humanos y líderes sociales. Urge que se concrete dicha iniciativa, donde además de esquemas de escoltas para cuidar a estas personas se contemplen estrategias de presencia estatal efectiva para atender múltiples y graves dificultades que sufren diversas comunidades. Desde luego, también se necesitan acciones militares más contundentes contra las bandas criminales, que son las que generan zozobra y violencia en el país.