Colombia, con Bolivia y Perú, ocupan los primeros lugares entre los países de la región que más trabas le ponen al ciudadano cuando pretende hacer diligencias ante el Estado, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es un deshonroso lugar que debería haber quedado en el pasado hace mucho rato, ya que son varias las reformas que en las últimas tres décadas se han aprobado para acabar con requisitos absurdos, que parecen haber sido creados para promover la ineficiencia y la corrupción.
La realidad es que cuando el ciudadano se encuentra con tantos obstáculos para hacer trámites que deberían ser sencillos, se les facilita el camino a los intermediarios que aprovechan para exigir coimas y toda clase de recompensas para realizar gestiones simples. Distintas organizaciones internacionales han clamado por el fin de un sinnúmero de requisitos que todavía se piden sin ninguna lógica. Es emblemática la solicitud de la fotocopia ampliada al 150%, infaltable en las exigencias oficiales, e imitada por muchas otras.
Además de que las largas filas, las esperas prolongadas y los nuevos requisitos en cada paso deberían ser abolidos para siempre, en el mundo de hoy las relaciones con el Estado deberían ser breves y expeditas haciendo uso de canales electrónicos. No hay razones válidas para que un ciudadano tenga que desplazarse de una ciudad a otra, por ejemplo, para poder completar un trámite; son cosas que el Estado ya debería tener resueltas en la mayoría de los casos.
En esta época de pandemia de covid-19, en la que se demuestra la importancia de las herramientas virtuales, muchos trámites que antes exigían la presencia de las personas en notarías, por ejemplo, se han podido desarrollar de otras formas. Eso lo que indica es que sí es posible avanzar de manera rápida por esta senda, y solo se requiere de voluntad para lograrlo. Las cosas deberían empezar a cambiar profundamente y no tener que regresar a los procesos engorrosos para tramitar cualquier documento.
Hay que saludar el surgimiento de la llamada Ley Antitrámites, aprobada el 12 de junio en el Congreso de la República, y que solo espera la sanción presidencial. Allí se establece que el Estado tiene un año para implementar la iniciativa por completo, que debería despejar de verdad el camino de los ciudadanos a los trámites y al acceso a la información de la administración pública, en un ejercicio de plena transparencia. La virtualidad debería tener ahora el primer lugar en las posibilidades de contacto con el Estado; eso también implica vencer las profundas deficiencias que tiene el país en materia de conectividad.

Debemos recordar que, en el 2012, el artículo 75 de la Ley 1474 facultó al entonces presidente Juan Manuel Santos para acabar esos trámites innecesarios, pero resultó insuficiente. Igual ocurrió con el Decreto 2106 del año pasado, firmado por el presidente Iván Duque. Ojalá que esta vez se avance de mejor manera en ese propósito, porque no solo se desgasta el ciudadano sino el propio Estado, al tiempo que le quita competitividad a la actividad económica que requerimos impulsar. Colombia ganaría mucho ante el mundo dando un paso certero en este campo.