La Contraloría General de la República calcula en $4,1 billones el detrimento por las irregularidades en contratación y ejecución de las obras del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, en territorio antioqueño. Por esa razón imputó cargos de responsabilidad fiscal a 34 empresas, consorcios y personas, entre ellas a los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, y a los exalcaldes de Medellín Alonso Salazar y Aníbal Gaviria (hoy gobernador de Antioquia). La Procuraduría General de la Nación también investiga a 25 personas vinculadas al proyecto, que ajusta dos años de retraso y que comenzaría a funcionar solo en el 2022.

Llama la atención que todos los presuntos responsables del descalabro económico y técnico de la obra coincidan en afirmar que son inocentes, que actuaron siempre con buena fe y buscando lo mejor para el proyecto; ninguno acepta haber cometido errores, pero es claro que hubo allí fallas protuberantes que deberán ser sancionadas. En números redondos el costo es de $2,9 billones en deterioro patrimonial y $1,1 billones en lucro cesante derivado de fallas administrativas, constructivas, de ejecución y de control, según el informe de la Contraloría. En ese marco habrá que analizar el asidero de la demanda por $9,9 billones presentada por el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en contra de contratistas e interventores de la obra.

Tanto quienes estuvieron al frente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y su junta directiva, de la Sociedad Hidroituango, de la Alcaldía y de la Gobernación entre el 2008 y 2015, y que tomaron decisiones al respecto, deben responder, igual que los contratistas e interventores. No es tolerable que traten de seguir evadiendo sus innegables equivocaciones que han resultado tan costosas para el país. No estamos diciendo que todos los imputados sean culpables, pero la Contraloría deberá ser muy juiciosa en valorar las actuaciones de cada uno y establecer claramente quienes llevaron a que se produjera el descalabro que condujo a que un proyecto de $6 billones termine costando $13 billones.

Lo cierto es que desde el 2018 se debería estar generando energía eléctrica allí, y que la emergencia surgida por el taponamiento de uno de los túneles de desviación, que estuvo a punto de causar una catástrofe de dimensiones enormes, ha resultado sumamente costosa para el erario. Todas esas son pérdidas que no pueden quedarse sin pagar. Por lo pronto, y mientras se llega a la raíz de los problemas que dieron lugar a la situación actual, hay que seguir trabajando para que lo más pronto posible la hidroeléctrica más grande de Colombia comience a generar y a vencer el pesimismo que se ha postrado sobre ella.

Es un hecho que el no cumplir con el compromiso de proveer casi tres millones de kilovatios/hora durante 20 años, desde el 2018, tiene una repercusión significativa en la desvalorización del proyecto, que demorará mucho tiempo en alcanzar su punto de equilibrio. Aunque entre a funcionar pronto y lo haga con eficiencia, ya carga con problemas bastante profundos. Pese a contarse con un diagnóstico técnico que le fue entregado al exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, y que hace poco llegó a la Fiscalía General de la Nación, no se tienen aún presuntos responsables penales. Ojalá se llegue pronto a la sanción debida a quienes llevaron el proyecto a un estado tan lamentable.