Esta semana comenzó con el paro de 47 propietarios de unos 160 buses afiliados a Gran Caldas, quienes basan su decisión en tres puntos: alza en las tarifas de rodamiento que cobra la empresa de transporte público, dificultades para operar y despido sin justa causa de conductores. No cabe duda acerca del fuerte impacto que para la economía, en general, y también para las empresas de transporte ha representado la parálisis por cuenta de las restricciones de movilidad, como medida de contención del avance de la pandemia de covid-19, pero hay asuntos de mayor fondo que quedan al descubierto debido al paro que se realiza.
La estructura de ese tipo de asociaciones, como funcionan en Manizales, se presta para que no se tenga total transparencia sobre el uso de los recursos que pagan los afiliados, que es uno de los reclamos de los manifestantes. Eso trasluce el grado de informalidad que cunde en esas organizaciones, lo que no ayuda a que haya orden y a que el pasajero, que debe ser la razón de ser de ese negocio, reciba el mejor servicio, oportuno y de calidad. De hecho, ahora que hay restricción del uso del 50% de los vehículos por la pandemia, no deberían tenerse buses estacionados, como lo reconocen sus propietarios, sino que todos deberían estar rodando, lo que evitaría aglomeraciones en los carros y en los paraderos.
Como cada empresa tiene formas diferentes de operar, y sus políticas están más enfocadas en las utilidades que en brindar un mejor servicio, los usuarios no reciben lo que se necesita, y eso facilita que algunos empresarios quieran tener cercanía a las autoridades de tránsito, para sacar provecho en la asignación de rutas y otros beneficios particulares que afectan un servicio público que debería ser uniforme, en el sentido de servir a los ciudadanos de la mejor manera, sin que las personas se deban preocupar acerca de si una ruta la sirve una u otra empresa.
Así las cosas, si bien el transporte público en Manizales es mejor que en otras ciudades del país, especialmente por la edad de sus vehículos y el trato de los conductores, hay grandes vacíos que se deberían llenar más temprano que tarde. No podemos olvidar que transcurrieron 10 años desde ese momento de marzo del 2010, cuando se pretendió poner en marcha un ambicioso sistema de transporte público que sería modelo en el país, por ser moderno, cómodo, eficiente y con tarifas razonables. Tras una década de ese fracaso no se ha podido concretar esa tarea, y situaciones como la que vive hoy Gran Caldas solo demuestran que es urgente retomar el rumbo perdido.

La intención de una sola plataforma tecnológica, el uso de tarjetas electrónicas y un solo operador del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) es algo que debe concretarse. Eso le daría más solidez y seriedad a este servicio, y permitiría un manejo más claro, formal y orientado al bienestar de los usuarios. No podemos seguir bajo el mismo modelo del siglo pasado. Se supone que la consultora Unión Temporal Durán & Osorio-Deloitte-Transconsult entregará pronto un estudio que aporte claridad a este propósito. Ojalá que esos resultados no se queden engavetados, como ha ocurrido con tantos estudios hechos con el mismo fin, que debieron aplicarse hace tiempo.