El pasado 12 de diciembre LA PATRIA publicó la denuncia de Jhon López, líder de la vereda El Congal, del corregimiento de Florencia (Samaná), quien dijo que se vio obligado a irse de esa zona y abandonar su papel de impulsor del regreso de 48 familias a esa área rural samaneña, en el oriente de Caldas, debido a amenazas de un supuesto grupo paramilitar que habría regresado a la región, a la vereda El Roble, en límites con Nariño (Antioquia). Esos hechos, según dijo, ocurrieron durante todo el año pero se complicaron luego de una audiencia que se efectuó en septiembre pasado con un juez de tierras, en la que se habló de los retrasos en el proceso de retorno de las víctimas. Los miembros de esas 48 familias tuvieron que salir de sus tierras a comienzos de la década pasada, luego de que los paramilitares incendiaron el poblado.

En ese momento, el secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, negó la presencia paramilitar, pero admitió que sí hay quien busca sembrar el miedo: "es un nieto de un exparamilitar que quiere hacerse pasar por paramilitar... pero lo vamos a capturar. Hemos avanzado en esta investigación, pero hay bandidos que quieren generar miedo y hacer delincuencia en la zona", dijo. A este asunto de orden público, frente al cual todavía se espera una acción más contundente de las autoridades para llevar ante la justicia a quienes pretenden que retorne la violencia, se suma que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) es señalada como responsable de las demoras en la ejecución de los proyectos previstos allí, debido a su nulo avance en la titulación de predios.

Ayer todavía se esperaba en este diario la respuesta de los funcionarios de la ANT acerca de las demoras para poder concretar el proyecto de El Congal. Lo cierto es que para esta fecha, según los cronogramas establecidos hace dos años, ya estaría todo ejecutado y se habría concretado el regreso de las primeras 24 familias a sus predios. Lo paradójico es que el problema no es de recursos, ya que la Gobernación de Caldas destinó los dineros necesarios para avanzar en la reconstrucción del centro poblado, las casas, el centro de atención social, el acueducto y la escuela, como lo determinó el juez de restitución de tierras el 19 de diciembre del 2016. Ante la espera infructuosa, la comunidad protestó ayer en medio de las ruinas de lo que fue su caserío para exigir que se cumpla lo prometido.

Hasta el momento el grupo de víctimas solo ha podido ejecutar algunos proyectos productivos, con los que sobreviven en otras regiones. La desarticulación de acciones entre las distintas entidades participantes es, según la comunidad, parte de las causas del atraso, en lo cual la Procuraduría habría advertido de posibles desacatos, pero sin tomar decisiones concretas. Tampoco es bien valorado el papel de la Unidad de Víctimas. Así, el que hasta hace poco era considerado un ejemplo de la ruta a seguir en el posconflicto para la construcción real de una paz sostenible y duradera, hoy solo ilustra los múltiples obstáculos al fin de un conflicto armado de décadas.