El pasado fin de semana murieron en Colombia por Covid-19 el médico de urgencias Carlos Nieto y el anestesiólogo William Gutiérrez. Al parecer, no contar con elementos de protección apropiados influyó en que se contaminaran y terminaran falleciendo. En todos los países en los que la pandemia se ha expandido los miembros del personal de salud se han visto seriamente afectados, al punto de que no se enferman y mueren (unos 150 casos), sino que son estigmatizados como si personificaran la peste.
Eso no debería pasar con quienes exponen su propia vida en beneficio de la sociedad. La verdad es que en nuestro país en tres décadas esta profesión se ha devaluado al punto de que los salarios que se les paga no corresponden al prestigio de los médicos en el pasado, cuando eran los mejor remunerados de la sociedad. Sin duda, además de dotarlos de excelentes herramientas de protección para atender a los pacientes con Covid-19, es imprescindible que en el futuro se examinen sus salarios y las condiciones laborales de las que se quejan.
Ahora bien, esa no es una discusión para la actual coyuntura. Lo que debe haber es protocolos que eviten que se contagien y se repitan casos como los de Nieto y Gutiérrez. Puede ser que no estén de acuerdo con el decreto 538 del 2020, en el que se establece que están obligados a prestar su servicio para atacar la pandemia, pero ese mandato corresponde al juramento hipocrático que cada médico hizo al comenzar su ejercicio profesional. Lo que sí debe ocurrir es que se presente hoy al Ministerio de Salud, como está previsto, los planes de dotación de elementos de protección personal para los profesionales de la salud.
También debe exigirse que en lugar de insistir en que son héroes que podrían convertirse en mártires, se hagan todos los esfuerzos para que ningún médico se exponga a la enfermedad sin las protecciones necesarias. Sería absurdo obligarlos a salvar vidas si para ello tienen que poner en grave peligro la propia. Este es un asunto ético de no poca monta en el que tal vez la mayor responsabilidad recae en el empleador, es decir, clínicas y hospitales, a los cuales el Gobierno Nacional debe respaldar con recursos suficientes que garanticen el derecho irrenunciable a la salud y la vida de los galenos.

El decreto establece que las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARL) deben dotarlos del equipo suficiente, y en eso esperamos que no se evada la responsabilidad. Es pertinente que haya excepciones a la obligatoriedad en casos de mujeres embarazadas, padres o madres cabeza de familia con hijos menores de edad, cuidadores de adultos mayores o de personas con limitaciones, padres o madres en el que ambos estén en el área de la salud y tengan hijos menores,yquienes sean mayores de 70 años o padezcan enfermedades crónicas. Entre todos, poniendo cada uno lo justo, es posible garantizar una buena atención médica en estos momentos esenciales.