En entrevista exclusiva de LA PATRIA con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, publicada el domingo, el alto funcionario aseguró que en Caldas hacen presencia grupos armados ilegales como el Eln, en Riosucio, y La Empresa, en La Dorada. Si bien no es una novedad, porque ya comunidades de esas zonas denunciaron desde hace rato movimientos extraños de hombres armados en esos lugares del occidente y oriente de Caldas, sí es una especie de llamado de atención a los organismos de seguridad en la región para que no permitan que esa situación se agrave.
De la misma forma, la alerta temprana inminente que declaró la Defensoría Nacional del Pueblo en Riosucio y Supía, por hechos presentados de tiempo atrás que pondrían riesgo a la población de ambos municipios, es una ratificación de la amenaza real que se tiene en esta zona limítrofe con el departamento de Risaralda, a la que no se le puede mirar por encima del hombro, ni tratar de menospreciar. Debemos recordar que en la década de los 90 incursiones mínimas fueron ganando espacio, mientras se negaba la gravedad de la situación. Luego fue un asunto inmanejable con cientos de víctimas.
Los reportes que se refieren a quemas de trapiches, disparos al aire, amenazas a líderes sociales y exguerrilleros, así como otras situaciones que vienen generando zozobra en las comunidades indígenas de esa región deben ser tomados en serio. Recientemente fue hallado material explosivo de alta peligrosidad en límites con el municipio de Quinchía (Risaralda). Ya es hora de que se tenga un consejo de seguridad en el que se tengan análisis profundos de todas estas situaciones y determinaciones efectivas para evitar que el problema se salga de las manos.
El fiscal Barbosa también se refirió a procesos de diversos temas que tienen relación con Caldas, y varios de los cuales llevan cerca de una década sin que se tengan resultados. El caso de las sillas del estadio Palogrande, por ejemplo, se ha ido en aplazamiento tras aplazamiento, y aún no se tiene fecha para continuar con el juicio. Pasa algo similar con el proceso alrededor del Transporte Integrado de Manizales, TIM. Más que anuncios de investigaciones, lo que se requiere son resultados concretos.
Posibles delitos alrededor del manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y de la actual emergencia por la pandemia de covid-19, entre otros, también esperan soluciones prontas desde la Fiscalía. Además de que la ciudad no recibe las respuestas que necesita en estos asuntos, las personas involucradas siguen señaladas pero no juzgadas por los presuntos delitos de los que se les acusa, algo que también las perjudica gravemente.
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En todos estos casos que siguen pendientes, y otros más recientes que involucran conductas corruptas, esperamos que la Fiscalía actúe con diligencia. Que, como lo aseguró Barbosa, esté encima de esos procesos y que sin más dilaciones haya avances y decisiones, cualesquiera que ellas sean, pero que se ajusten a las pruebas y a toda la diligencia legal.