El asesinato y violación del niño Hans Esleider Tafur, de 7 años, en el corregimiento de San Diego (Samaná), en el oriente de Caldas, es un hecho abominable que nos toca de cerca y que debería generar no solo repudio sino una reacción contundente para ponerle freno definitivo a las agresiones en contra de los niños. Es una vergüenza que, de acuerdo con la ONG Save the Children, Colombia ocupe el deshonroso tercer lugar en la tasa más alta de homicidio infantil entre 175 países.
Tal conclusión salió de un estudio de los años 2015 al 2017, el cual fue divulgado a mediados de este año. Tan solo en el 2017 fueron asesinados en nuestro país 715 menores de edad, y como si fuera poco, hasta el 30 de noviembre pasado durante el 2018 habían muerto 1.010 niños en Colombia asesinados, o por accidentes o descuido. También somos quintos en el mundo en cantidad de niños desplazados por conflictos armados, superados solo por Siria, Sudán del Sur, Somalia y República Centroafricana.
Peor aún, en octubre pasado Medicina Legal reveló que casi el 90% de las 17.574 personas que fueron víctimas de violación entre enero y agosto de este año fueron menores de edad (15.408), la mayoría entre los 10 y 14 años. Este es un panorama catastrófico que necesita medidas de impacto social con el concepto implícito de que la vida de los niños es sagrada. Más complejo todavía es que la mayor parte de los casos de agresión ocurra en sus propios hogares. Un país que abusa de los niños, que los mata, que los irrespeta de manera tan grave sin que haya sanción real para los agresores, es un país que tiene enormes dificultades para lograr un futuro en paz, como es el sueño de todos.
Los episodios de dolor y rabia que se vivieron el pasado viernes en La Dorada (Caldas) donde familiares, amigos y ciudadanos se vieron conmovidos por la tragedia sufrida por el niño Hans Esleider Tafur, son una clara expresión social del rechazo a estas conductas que atenta contra los seres más vulnerables e indefensos. Con razón pidieron a todo pulmón que el responsable del atroz crimen sea hallado y castigado con severidad. Ojalá sirva la recompensa que por $40 millones se le promete a la persona que brinde información que conduzca a la captura del violador y asesino.
Ahora bien, esto no debe llevarnos a cometer el error de pensar que penas más altas solucionarán el problema. Caer en el populismo punitivo es el peor escenario, no solo porque con ello los violadores y agresores de niños no dejan de actuar, sino porque la frustración social posterior es peor al no hallar salidas. Desde luego que es necesario causar escarmiento y para ello las normas penales actuales son suficientes, pero hay que lograr es que la sociedad se movilice contra la violencia a los niños y que eduquemos a las nuevas generaciones en el respeto total a la vida humana, sin ningún tipo de discriminación. Es un plan de largo plazo, pero el único posible para que el futuro sea diferente.

Lo ocurrido al menor, de acuerdo con los hechos previos a su desaparición el sábado 22 de diciembre, tiene que llevarnos a reflexionar acerca de la necesidad de cuidar con mayor esmero a nuestros niños. Se pueden contar por miles en Colombia los menores que por esta época son enviados por sus padres a pasar vacaciones donde familiares y amigos, quienes pueden resultar demasiado laxos o indiferentes ante las experiencias cotidianas que los visitantes puedan realizar en los nuevos espacios, que además de desconocidos pueden resultar atractivos para su natural curiosidad. Este es un fuerte llamado de atención que se nos hace para que no los descuidemos en ningún momento.