uando se creía que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrían lograr el consenso alrededor de un solo nombre de la terna presentada por el presidente Iván Duque a finales del año pasado, para escoger al nuevo fiscal general de la Nación, el pasado jueves se alcanzó la unanimidad que estuvo esquiva y permitió la elección del abogado Francisco Barbosa Delgado. El nuevo jefe del ente acusador viene de ser consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, por lo que es clara su afinidad con el Ejecutivo.
Sin embargo, lo que se espera de la gestión de Barbosa es que sea de total independencia, sin la posibilidad de señalarlo de actuar al servicio de nadie, con el único interés de atacar el crimen sin ninguna discriminación o privilegio. Debemos recordar que la salida de su antecesor, Néstor Humberto Martínez, se dio justamente en medio de señalamientos acerca de actuaciones suyas que parecían beneficiar a unos y perjudicar a otros, lo que constituyó un gran desgaste para la institución. A Barbosa le corresponde limpiarle la imagen a la Fiscalía, que no deje espacio para las especulaciones acerca de favorecimientos a nadie.
El presidente Duque ha dicho que el nuevo funcionario le dará todas las garantías al país, por su capacidad académica, su solvencia moral y su sentido patriótico. Esperamos que no sea menos, que las prevenciones que desde algunos sectores se tienen frente a su nombramiento resulten desmontadas gracias a su transparencia y efectividad. 
Odebrecht, y las chuzadas ilegales, entre otros, son desafíos vitales para que demuestre que no tiene agenda paralela, y que solo le interesa el bien de país. En ese camino podrían resultar lesionados algunos poderes políticos y económicos, pero ese es el compromiso que debe cumplir. La trama de corrupción que involucra a la empresa brasileña debe ser un punto clave de su gestión, y en el que se espera que las decisiones lleguen a los máximos responsables. No puede continuar la sensación de parálisis que hoy se vive.
Al interior de la Fiscalía existe un desafío fundamental y es desmontar el aparato que ha usado esa institución para interceptar de manera ilegal a personalidades públicas y privadas, sin saberse muy bien con qué fin. Ya está claro que el coronel (r) Jorge Humberto Salinas y el mayor Luis Mesías Quiroga lideraban esa red criminal con eslabones en la Fiscalía, desde donde se hacían tales chuzadas. A esto se suman episodios similares, que apenas empiezan a ser investigados, sobre interceptaciones hechas desde instalaciones militares. En todos estos casos se le exigirán resultados.
Durante su carrera, Barbosa ya estuvo en la Fiscalía como fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos (2003-2004), por lo que ya conoce la institución. El asesinato de líderes sociales será uno de los asuntos en los que se espera que haya investigaciones de fondo que logre desenmascarar a los responsables y llevarlos tras las rejas. Aunque Barbosa ha estado convencido de que este fenómeno no es sistemático y que son muchos casos aislados, sí debe observar el problema como un todo y atacarlo en todas sus posibles causas.

Es importante que el nuevo fiscal tenga una relación armónica con la Justicia Especial para la Paz (JEP), e incluso que haya más colaboración, para que ningún delincuente pueda burlarse de las leyes colombianas y pague lo que deban pagar por sus crímenes. El funcionario ha dicho que espera tener buenas relaciones con la justicia transicional, a la que considera necesaria para cerrar el conflicto armado; desde la JEP también debe haber una actitud constructiva, por el bien del país.