De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cada día se registran en el país 28 casos de violencia sexual contra menores de edad. De hecho, entre enero y abril de este año se abrieron 3.356 procesos administrativos para restablecer derechos a menores que fueron víctimas de vejámenes. Esas estadísticas justifican la indignación alrededor de lo que pasa con los niños en Colombia, y que coincidan en el Congreso de la República iniciativas que buscan proteger los derechos de los menores de edad.
La Constitución Nacional consagra los derechos de los niños no solo como fundamentales, sino con supremacía frente a los demás. Así que pensar en que los delitos sexuales contra ellos sean imprescriptibles es apenas lógico; por el contrario, el país se había demorado para avanzar en esa dirección, porque el objetivo tiene que ser que estos crímenes no queden impunes. Los responsables de estas execrables conductas tienen que recibir el máximo castigo que contiene la legislación colombiana, correspondiente a 60 años de prisión sin atenuantes.
Ya es ampliamente conocido que las víctimas de este tipo de crímenes demoran muchos años para superar los traumas, y muchas veces solo cuando son personas muy mayores se atreven a denunciar a sus victimarios. Al garantizarse la imprescriptibilidad se logra que los culpables de estos delitos paguen por sus actos en cualquier momento de su vida.
Sin embargo, la otra iniciativa que está a punto de ser ley y que se relaciona con la prisión perpetua para los violadores o asesinos de niños es, infortunadamente, populismo punitivo. Quienes impulsan el proyecto parecieran tener más una agenda política que una auténtica preocupación por lo que pasa con los niños. Una pena de 60 años para quienes cometan estos crímenes es más que suficiente para castigarlos, porque es casi seguro que terminarán sus días tras las rejas. La cadena perpetua, por sí misma, no garantiza que se acaben los violadores y asesinos de niños.
Así que, es un gran desgaste innecesario concentrarse en tratar de sacar adelante una iniciativa que no da esta garantía. El gran problema alrededor de este asunto es que los responsables no son llevados ante la justicia todas las veces, como debería, porque incluso en gran número son familiares o personas cercanas a la víctima, con lo que los niños generalmente callan, o cuando hablan no les creen y terminan revictimizados. Lo que debe hacerse en Colombia es aplicar las leyes actuales y asegurarse de que estos delitos no prescriban, de tal manera que la posibilidad de castigo siempre esté presente.

Otro proyecto que se discute en el Congreso y que viene generando polémica es el que prohíbe el castigo físico, humillante y degradante contra los niños. Mientras que muchos ven como lógico castigar este tipo de agresiones, otros piensan que con ello el Estado podría estarse metiendo a los hogares a ordenar cómo debe ser la formación de los hijos, lo que violenta la autonomía institucional familiar. Lo ideal es que haya una transformación cultural en la sociedad que lleve a incentivar en los hogares prácticas pedagógicas no violentas. Que una norma deje abierta la posibilidad de penalizar a los padres de familia genera problemas innecesarios.