La exministra de Justicia Margarita Cabello Blanco, con cinco meses de anticipación y en una votación cantada, fue elegida por el Senado de la República como nueva procuradora General de la Nación. A mediados de enero del 2021 estará asumiendo el cargo en reemplazo de Fernando Carrillo Flórez, quien termina su periodo. En varios ámbitos de la opinión se ha cuestionado esta elección, por provenir la jurista del gabinete del presidente Iván Duque, lo que resta independencia a una responsabilidad que implica vigilancia a los funcionarios del Ejecutivo.
El sistema de pesos y contrapesos que debe existir en una democracia queda afectado, porque además de que debe ejercer control disciplinario a un gobierno del que hizo parte, las afinidades ideológicas con el partido de gobierno, el Centro Democrático, y la cercanía con la casa Char, hace dudar de la imparcialidad que tendrían sus acciones desde el Ministerio Público. Si bien es un logro para la participación y la equidad de género contar con la primera mujer en ese cargo en la historia del país, la manera en que llega no es afín a lo que debe ser una democracia que pretenda consolidarse.
Hay que esperar que su papel en la Procuraduría sea serio, responsable y ético. Que sus labores de vigilancia, investigación y sanción de las actuaciones de los dirigentes políticos y del Estado estén alejadas de cualquier otro interés distinto al de acertar en sus actuaciones. No obstante, su apoyo como ministra de Justicia a la cadena perpetua para violadores de niños y su respaldo al reinicio de las aspersiones con glifosato a los cultivos ilícitos son elocuentes expresiones de su carácter.
Al repasar sus palabras ante el Senado, el pasado 20 de agosto, antes de su elección, surgen preguntas acerca de cómo pretende llevar a cabo el control a la gestión de los funcionarios para ajustar políticas públicas, lo que podría significar una especie de función de advertencia, una propuesta que requiere mayores revisiones. Manifestó querer hacer cambios profundos en ese organismo bajo la premisa de un compromiso decidido con la eficiencia y la transparencia. El país queda a la expectativa de la manera en que buscará implementar tales transformaciones.
Alejándonos de la coyuntura de esta elección específica, pero retomando aspectos fundamentales del funcionamiento del sistema de controles en una democracia, es clave que se retome la discusión alrededor de la manera en que se elige procurador. No es lógico, y tiene implicaciones éticas, que los senadores, quienes deberán ser vigilados por la Procuraduría, sean quienes escojan entre una terna que, como en este caso, casi siempre viene con las cartas marcadas. Lo mejor sería buscar un mecanismo que realmente garantice una mayor independencia de quien asuma esa responsabilidad.

Tampoco puede olvidarse que, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría debe cambiar su papel frente a los funcionarios elegidos por voto popular, a los cuales no puede destituir e inhabilitar.