Una sociedad en la que se respete toda vida no debería ser una utopía, sino un propósito alcanzable. En Latinoamérica y particularmente en países como Colombia, la violencia se cobra a diario cantidad de personas, la mayoría jóvenes. Manizales ha sufrido un remezón. Después de dos periodos que sumaron casi 70 días sin que se presentaran homicidios, de pronto se da una seguidilla que ojalá no continúe. Los factores para que esto suceda son múltiples, pero a veces nos hace temer que los buenos resultados en menos homicidios obedecen no a políticas públicas serias, sino a la divina providencia.
Desde el fin de semana pasado se incrementaron los casos de violencia no solo en la capital, sino también en municipios de Caldas. Hasta ayer iban 11 homicidios en el departamento en 8 días, de los cuales siete muertes correspondían a Manizales, que ascendió a 50 asesinatos. En todo el 2018 fueron 77. Aunque seguimos muy por debajo, es una lástima que la tendencia se haya frenado.
El crimen más sentido de la semana fue el que se cometió en una residencia que alquila habitaciones a estudiantes universitarios. Un alumno de Psicología asesinó a una menor, de 17 años, que cursaba Medicina. Los hechos que aún se investigan parecen estar atravesados por un problema de salud mental del agresor. Es lamentable que suceda en esta ciudad a la que llegan miles de jóvenes a cumplir sus sueños de contar con una carrera. Casi todas las instituciones de educación superior en la ciudad tienen programas de acompañamientos a estudiantes foráneos, pero situaciones como esta nos muestra los retos que tenemos como ciudad educadora para lograr bienestar para esos estudiantes.
Hasta el momento 14 municipios caldenses han logrado mantenerse por debajo del número de homicidios que ocurrieron en sus jurisdicciones el año pasado. Incluso algunos llevan meses sin que se presente un hecho de esta naturaleza, lo que debe ser un aliciente para que los próximos alcaldes se comprometan en políticas de seguridad que permitan la convivencia entre los habitantes de sus localidades y que los conflictos que se puedan presentar se arreglen por las vías pacíficas.

Proteger la vida debe ser prioridad de cualquier administrador público. Como buena parte de los homicidios presentados tienen que ver con problemas de convivencia, con la falta de respeto por el otro, con situaciones que se salen de control y llevan a excesos en el uso de la fuerza, pues nos muestra que hay que atacar este flagelo yendo más al fondo y esto es interviniendo con políticas públicas, con acompañamiento de profesionales en salud mental, con intervenciones en las comunidades para mostrar las alternativas para solucionar los conflictos, y si gracias a eso se salva una vida, valió la pena. Seguirnos quejando de que todo esto ocurre por intolerancia y no hacer algo para que no se siga repitiendo el modelo, es no asumir con responsabilidad el reto de proteger el más esencial de todos los derechos, la vida misma.